Funcionarios, de objeto de envidias a la precariedad

Los funcionarios autonómicos han pasado en unos años de ser un colectivo de los más envidiados por el resto de ciudadanos a estar en el punto de mira de las administraciones para los recortes, empezando por las instituciones europeas.

En España, más de 1,3 millones de personas, las que componen el colectivo, están afrontando la reducción de sus derechos, con el aumento en las horas de trabajo y la disminución del sueldo como principales recortes.

Los datos ofrecidos por los Gobiernos regionales no ofrecen lugar para las dudas: todos, salvo Extremadura y Cantabria, prevén una reducción en los ingresos y complementos de estos trabajadores, así como de sus plantillas, y un aumento del horario. El País Vasco, que se propone un recorte de 100 millones de euros, es la comunidad donde menos han variado las condiciones, mientras Catalunya y Castilla-La Mancha han añadido a la normativa estatal medidas más restrictivas.

En el País Vasco, el año pasado había 41.664 trabajadores autonómicos y éste 43.006, sin contar los del Servicio Vasco de Salud ni los de las sociedades públicas. El Gobierno vasco justifica el aumento por la incorporación del Servicio de Empleo y personal transferido desde la Administración central. Aunque la mayoría de las autonomías no han convocado oposiciones para este año, Euskadi, que este año no ha reducido los sueldos (sí lo hizo en 2010, con una rebaja del 5%, y en 2009 hubo congelación), ha hecho una oferta pública de empleo en Sanidad, para cubrir 2.600 plazas, y 531 en Educación.

El Instituto Catalán del Suelo planteó un ERE para despedir a 203 de 496 empleados

En la Generalitat de Cataluña trabajan 165.073 funcionarios, interinos y laborales, y, si se suman a los de las empresas públicas y del sector concertado la cifra alcanza los 500.000. Para todos ellos ha sido el recorte de jornada y sueldo del Ejecutivo de Artur Más, que ha disminuido un 15% el salario de los interinos y un 5% el del resto de los trabajadores de la Generalitat. Los cambios de adscripción de puestos de trabajo, la supresión de algunas ayudas, como las de la comida, y la reducción del número de días de libre disposición son otros de los problemas con los que ha tenido que lidiar el sector público en Catalunya que, a través del Instituto Catalán del Suelo planteó un ERE para despedir a 203 de 496 empleados. Una medida que estiman se extenderá a otras empresas públicas.

Los funcionarios de Madrid, que en 2011 ya tuvieron que hacer frente a la bajada de sueldo del 5%, verán reducidos sus ingresos entre un 1,8% y un 3,5%, mientras los andaluces rebajarán sus salarios una media del 5 % y en Castilla-La Mancha, que tiene congelada la oferta pública para este año, baja el sueldo a los empleados públicos en un 3 %, además de otras reducciones en los complementos, como la merma del 15% en las guardias. Los sindicatos de la región denuncian que el tijeretazo al servicio público, que sumará a las cuentas 455 millones de euros, provocará la pérdida de no menos de 10.000 ó 12.000 empleados públicos.

Los sindicatos de Castilla-La Mancha denuncian el despido de unos 12.000 empleados públicos

2.500 millones de euros es la cantidad que pretende ahorrar Andalucía por medio de recortes salariales que serán progresivos: un 7,5% en el caso de los altos cargos y el límite de 1.000 euros por jornada completa como tope que no podrá transgredir la rebaja. La comunidad no ha incluido privatizaciones ni despido de empleados públicos.

Aragón, País Valencià y Castilla y León también han bloqueado la contratación y acometerán recortes, entre los que alarma especialmente los de la Comunidad de Juan Vicente Herrera que no cubirá las jubilaciones y dejará sin renovará a más interinos. 

Los sanitarios y los docentes son, en general, los más afectados por los recortes provocados por la crisis, también en Baleares, que prevé el cierre de dos hospitales en Mallorca y el aumento de la jornada laboral para conseguir un ahorro en nóminas de 70 millones de euros en 2012.