Alberto Ruiz-Gallardón presentó este viernes al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, que pretende dar sentido a su polémico 'tasazo', que ha sido rechazado por todos los sectores de la justicia. El ministro hizo lo que, expresamente, los detractores del nuevo canon le pidieron que no hiciera: vincular la recaudación por las tasas al pago de la justicia gratis para los más necesitados, pese a que esto último es un derecho constitucional.

El ministro Ruiz-Gallardón estimó 'imprescindible' el cobro de tasas para garantizar y ampliar la justicia gratuita tal cómo hace su proyecto. Abogados, jueces y fiscales le pidieron, como se ve sin éxito, que no vinculara lo que es un derecho constitucional --la justicia gratuira para quienes no tienen recursos-- con el cobro de las tasas, que creen que vulnera la Constitución por impedir el derecho de los ciudadanos a acudir a los tribunales --técnicamente, derecho a la tutela judicial efectiva--. 

El proyecto amplía el número de beneficiarios de la justicia gratuita, al elevar el umbral de ingresos económicos por debajo del cual quedan amparados por la misma, y además extiende su aplicación a colectivos especialmente vulnerables: las víctimas de violencia de género, del terrorismo y de trata de seres humanos, así como menores y discapacitados.

Ello incluye la exención del pago de tasas a las mujeres víctimas de violencia machista por sus procesos civiles de divorcio o separación de sus maltratadores, así como el de los gastos de abogado y procurador y cualquier otro relacionado con esos procedimientos. El ministro explicó que las tasas suponen un 20% del gasto de los procesos de estas mujeres, y que el Anteproyecto permite que no deban pagar tampoco el otro 80%.

Sin embargo, hasta que no se apruebe esta Ley --lo que tardará meses, ya que primero debe ser aprobado el proyecto por el Gobierno y luego ser tramitado en el Parlamento--, estas mujeres deben pagar esas tasas por sus procesos de separación de sus maltratadores, que son de 300 euros en primera instancia, de acuerdo a la Ley de Tasas, que entró definitivamente en vigor el pasado 17 de diciembre. El PSOE había pedido en los últimos días al ministro que arbitrara mediante un decreto que esas mujeres no pagarán esa tasa desde ya.

En su justificación de la Ley de Tasas, el ministro también ofreció el dato de que en España sólo sirve para cubrir el 8% del coste global de la justicia, cuando en otros países europeos la media es del 30%.

Además, y a preguntas de los periodistas, el ministro dijo que no sabe si las nuevas tasas tendrán un efecto disuasorio sobre los ciudadanos a la hora de pleitear --que estaría en contra de la doctrina constitucional a la tutela judicial efectiva--, pero que cree que serán extraordinariamente positivas si sirven para evitar que algunas personas abusen del recurso a los tribunales.

La Secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha asegurado que 'el Gobierno y el ministro Gallardón mienten' cuando aseguran que las víctimas de violencia de género no pagarán tasas en procedimientos civiles 'porque el anteproyecto de ley, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, no incluye la paralización inmediata en su caso'.Causapié ha señalado que el Gobierno ha perdido una oportunidad para hacer efectiva esa gratuidad de tasas 'de la que tanto presume', al no haber incluido en ese anteproyecto un decreto ley que paralice la aplicación de las tasas a los procedimientos civiles en el caso de víctimas de violencia de género.

'Las víctimas de violencia de género no pueden esperar hasta que la Ley de Justicia gratuita esté en vigor y se convierten, gracias a la dejación del Gobierno, en dobles víctimas', ha advertido. Por ello, ha afirmado que 'Gallardón ya ha mentido en el Parlamento y hoy ha mentido en la rueda de prensa del Consejo de Ministros'. 'Dice que se amplían los colectivos beneficiarios de justicia gratuita, pero lo que no ha explicado es que puede tardar cerca de un año en entrar en vigor esta gratuidad', ha indicado.

Por último, la responsable de Igualdad ha asegurado que si el Ejecutivo de Mariano Rajoy está preocupado por la violencia de género 'se ocupe y paralice ya aplicación de tasas en el caso de las víctimas'.

016. Teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica.