El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado este miércoles que gobernar, "a veces, es repartir dolor" en referencia a los esfuerzos económicos que se están pidiendo a "los ciudadanos en general y a los funcionarios en particular" para salir de la crisis y entiende por ello que no le "aplaudan".

Así lo ha expuesto el ministro en declaraciones en la cadena Cope, al ser preguntado por las protestas que han provocado sus reformas tanto en el mundo judicial como en gran parte de la ciudadanía, a causa de la Ley de Tasas.

Sobre las protestas de los jueces, ha insistido en que están "disgustados" por perder la paga extra y haberles reducido de 18 a 12 sus días de permiso y entiende que son "medidas dolorosas" como lo ha sido no actualizar las pensiones conforme al IPC, pero ha indicado que no puede gobernar para satisfacer a los sectores jurídicos "sino para defender los derechos de los ciudadanos".

En cuanto a las tasas, Gallardón ha vuelto a explicar que servirán para pagar la justicia gratuita y no recaerán en aumentar la retribución de los jueces como ha pedido alguna asociación, y ha destacado que la cuantía es tres veces menos que la media europea, por lo que opina que no se puede decir que sean "disuasorias".

Gallardón ha insistido en atribuir a un sector de los propios jueces la responsabilidad de la imposición de tasas judiciales, al asegurar que le pidieron que se implantaran nuevas tasas para financiarles un plan de pensiones, una idea que él rechazó, optando en cambio por utilizar la recaudación para "financiar la justicia gratuita".

El ministro ha reiterado en que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial y tendencia conservadora, le entregó, poco después de que asumiera su cargo, un documento en el que le pedía un sistema de tasas judiciales que revirtiese en la Administración y favoreciese directamente a los jueces y magistrados.

 

En ese documento, según el ministro, se planteaba un sistema de incentivos por productividad para los jueces y se abogaba por el que parte de esos incentivos pudieran plasmarse en un plan de pensiones de manera que un juez que ingresase en la carrera judicial tuviese garantizada en su jubilación una indemnización de un mes de salario por año trabajado.

 

Se trata de "un documento que me entregó la Asociación Profesional de la Magistratura a los pocos días de tomar posesión", ha explicado Gallardón, que ha recordado que también la Junta de jueces Decanos acordó en su momento solicitar unas tasas "pedagógicas y disuasorias".

 

"Nosotros hemos atendido a la idea, que es positiva, de la implantación de las tasas, pero no lo hemos hecho para establecer un plan de pensiones para los jueces", sino que se han implantado "única y exclusivamente para financiar la justicia gratuita", ha aclarado.

 

"Ahí se ha producido una diferencia, no hemos atendido a la petición que ellos nos hacían sobre el destino de la recaudación de las tasas", ha añadido. En este contexto, ha rechazado la posibilidad de establecer incentivos en función de los casos de los que se encargue cada juzgado y ha descartado que en el futuro se pueda crear un plan de jubilación para los jueces a cuenta de las tasas. "Rotundamente, no", ha respondido a una pregunta al respecto.

 

Respecto al referéndum que tienen previsto convocar en Catalunya sobre la independencia CiU y ERC, el ministro ha asegurado que no se va a celebrar porque se suspenderá recurriendo la convocatoria ante el Tribunal Constitucional.

En cuanto a la negativa del gobierno catalán de aplicar sentencias del Supremo que obligan a garantizar la enseñanza en castellano, ha indicado que la reforma educativa del gobierno "establece mecanismos para forzar a que se cumpla ese derecho".

Ha adelantado por otra parte que la Ley del aborto está muy avanzada y en "fechas próximas" se presentará el proyecto de reforma.