Gallardón quiere que los ayuntamientos tengan representación en el Senado

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha pedido que los entes locales estén representados en el Senado, puesto que, según cree "no tiene sentido" que los ayuntamientos tengan "voz y voto" en el Comité de las Regiones de la UE y no en la Cámara de representación territorial en España.

Ésta ha sido una de las propuestas del regidor madrileño durante su intervención en una de las mesas de trabajo que ha planteado el PP en su XVI intermunicipal, celebrada en Logroño.

En el fortalecimiento del papel de los ayuntamientos también tendría mucho que ver una mayor representación de los entes locales en órganos de decisión estatales, ya no sólo el Senado, sino también el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El alcalde madrileño se ha propuesto reforzar el papel de los entes locales en el mapa administrativo del Estado.

Así, Gallardón se ha mostrado favorable también a diseñar un "ámbito común de actuación" en todo el Estado de las entidades locales, de tal forma que su desarrollo no dependa de la "voluntad" de las comunidades autónomas.

A su juicio, lo conveniente sería que las competencias de los ayuntamientos o las diputaciones provinciales sean concretadas por las Cortes Generales mediante un "gran acuerdo" entre los dos partidos que se alternan en el Gobierno central, el PSOE y el PP.

Ha defendido que sean los concejales los que desarrollen la labor de control al Gobierno del Ayuntamiento correspondiente. Y ha apostado por estudiar que tras unas elecciones gobierne el partido más votado, incluso con mayoría simple.

Para Gallardón, "la legislación actual es insuficiente" para que los ayuntamientos puedan desarrollar su trabajo con garantías, y por ello, ha reclamado un Estatuto de Gobierno Local que "delimite los contornos de la autonomía local".

Sería un proceso definido en gran partes por las Cortes Generales, tal y como ha reiterado, y permitiría acabar con muchos de los "conflictos" que los entes locales viven con las comunidades autónomas, y no porque los Gobiernos regionales los provoquen, sino porque existe "una indeterminación legal" al respecto.