Gibraltar niega que el despido de 500 obreros españoles sea una represalia

Los trabajadores vuelven a ser rehenes del eterno contencioso con Gibraltar. Aunque las autoridades locales niegan que existan represalias políticas en el despido de 500 obreros españoles, el Partido Popular aprovecha dicha denuncia para buscar un enemigo exterior para sus problemas internos.

El PP, cuya última reforma laboral ligada a la crisis económica viene provocando un claro repunte del desempleo en España, se muestra tan preocupado por los quinientos trabajadores españoles que han perdido su empleo en el Peñón desde enero, que está dispuesto a acudir al Parlamento Europeo para defenderlos.

Las tensiones nacionalistas con Gibraltar vuelven a funcionar, así, como una cortina de humo en torno a una comarca circunvecina, donde se registraron durante el mes de julio 38.942 parados, y en una provincia, la de Cádiz, donde el desempleo alcanza el 34,51 por ciento, según la última Encuesta de Población Activa. El hecho de que en Gibraltar se hayan producido 500 despidos desde enero, sobre todo en el sector de la construcción que empleaba a españoles, ha disparado las alarmas del Círculo de Trabajadores y Pensionistas Españoles en Gibraltar (Citypeg), que temen que el desempleo del diez por ciento de los compatriotas que tenían trabajo en la Roca, obedezca a represalias políticas por el creciente desencuentro entre el gobierno local y el de Madrid.

"Ningún gobierno gibraltareño ha caído ni caerá nunca en ese tipo de políticas"

De hecho, el Partido Popular de La Línea de la Concepción -que hace dos años, cuando gobernaba la ciudad, propuso establecer un peaje para el paso de la frontera- asegura ahora que va acudir al comité de peticiones del Parlamento Europeo si se confirma dicho despido masivo: "Desde el Partido Popular vamos a estar muy atentos para que no se produzca ninguna infracción de las directivas europeas que prohíben cualquier tipo de discriminación por razón de nacionalidad o residencia", aseguraron sus portavoces el viernes, en el caso de que se confirmara dicho supuesto y el mismo justificase la apertura de un eventual proce

"Ningún gobierno gibraltareño ha caído ni caerá nunca en ese tipo de políticas. Hubo acusaciones similares en el pasado y siempre se demostraron falsas", asegura un portavoz del gobierno gibraltareño, quien añadió además que el gabinete de Fabian Picardo se muestra especialmente interesado en estimular las políticas de cooperación en materia de empleo con el resto de las poblaciones de la Bahía y especialmente La Línea de la Concepción, la localidad inmediata y en donde la crisis muerde con una virulencia formidable.

Entre los trabajadores españoles que cruzan a diario la frontera, aunque varios centenares residen ya en la Roca, existe una gran incertidumbre respecto a su pasado y su presente. Paco Ponce, presidente de su Círculo, llega a asegurar por ejemplo que hace dos semanas ya denunciaron las amenazas de despido contra este colectivo en el sector público del Peñón y que ni el ministro de Trabajo, Joe Bossano, antiguo chief minister de Gibraltar, ni el actual jefe del gabinete, Fabian Picardo, habían desmentido ese supuesto: "Esto es claramente una política anti-española", sostiene Ponce quien aporta como prueba que se han producido despidos en empresas de construcción vinculadas a proyectos gubernamentales.

El desempleo en la provincia de Cádiz alcanza el 34,51%

"Sólo los contratos de los españoles han sido finiquitados, mientras los trabajadores gibraltareños han sido transferidos a otras empresas del sector", denuncia. Sus declaraciones han sido difundidas por medios de comunicación de la Roca, incluyendo el diario The Gibraltar Chronicle, en cuyas páginas puede leerse otra de sus acusaciones directas: "No tenemos nadie a quien recurrir, porque incluso los sindicatos locales no están interesados en nuestros problemas".

La versión gubernamental niega la mayor. Que en el programa electoral con que llegó al poder en Gibraltar la coalición entre el Gibraltar Socialist Labour Party y Gibraltar Liberals, no incluía en absoluto el rechazo a ningún trabajador en función de su nacionalidad y siguen dispuestos a cumplir dicho manifiesto. Sin embargo, también es cierto que a comienzos de este año y al ocupar las oficinas gubernamentales en el número 6 de Convent Place, Fabian Picardo se encontró con que las cuentas heredadas de su predecesor Peter Caruana no eran todo lo bonancibles que se habían pregonado, que existía un repunte del paro local y un desajuste importante en los presupuestos, ligado a grandes obras públicas, como la de la nueva terminal del aeropuerto, en cuya edificación participó Dragados y que ya se encuentra casi totalmente en uso. Mención aparte merece la excavación de un túnel para desviar el tráfico a fin de que no atraviese la pista del aeropuerto local. Las obras fueron asumidas en su día por la empresa española OHL, pero tuvieron que ser interrumpidas por supuestas filtraciones que hicieron que el presupuesto se disparara y que el Gobierno anterior no llegase a cumplir con los compromisos de pago que tenía con dicha constructora.

A pesar de que el empleo se retraiga también en Gibraltar, el Peñón atrae a otro tipo de actividades

Ahora, Picardo ha procedido a licitar la continuación de esos trabajos, que incentivarían sin duda el número de empleos en el sector. Se ignora, sin embargo si la excavación seguirá el mismo trazado o se buscará un desvío alternativo hacia el este. En cualquier caso, según las condiciones del pliego cuyo plazo de presentación vence el próximo mes de octubre, tendrá que ser una carretera de doble calzada con un túnel de 350 metros y una longitud total de más de un kilómetro. A nadie se le escapa que no sólo se pretende, de esta forma, evitar obstáculos de tránsito rodado en un campo de aviación calificado como peligroso, sino ofrecer la máxima operatividad posible a los vuelos civiles y, sobre todo, militares que toman tierra o despegan en dicha pista. En cualquier caso, no es probable que el contrato se licite antes de la primavera de 2013 ni que los trabajos finalicen antes de 2015.

El contrato de la anterior constructora venció en julio de 2011 y la empresa concesionaria, OHL, denunció al gobierno gibraltareño por una cuantía de 25 millones de euros al no habérsele otorgado la renovación de dicho compromiso. Se trata del acrónico que reúne al Grupo Obrascon-Huarte-Laín, la sociedad anónima ligada a la familia Villar Mir. Sin embargo, mucho antes de que se adopte una decisión al respecto, el Gobierno local va a afrontar nuevos proyectos ligados al ladrillo y que tienen que ver con el mantenimiento de edificios y la construcción de nuevos inmuebles que, según portavoces gibraltareños, emplearán a trabajadores españoles y de otras nacionalidades en la medida que sea posible.

A pesar de que el empleo se retraiga también en Gibraltar, aunque siempre a niveles inapreciables si se compara con sus vecinos, el Peñón atrae a otro tipo de actividades: de hecho, esta misma semana fue juzgado un español por contrabando de tabaco, una actividad paradójicamente también ligada a empresas españolas que comercian con la Roca y que se ha disparado en los últimos meses. La crisis y la falta de empleo, como viene ocurriendo desde hace siglos, disparan la economía sumergida en torno a la Roca.