Este artículo se publicó hace 16 años.
El ginecólogo Morín podría no reabrir sus clínicas
El director de varias de las clínicas que practicaban interrupciones ilegales del embarazo se encuentra en una difícil situación tras salir en libertad con cargos
El doctor Carlos Morín, que el pasado jueves quedó en libertad con cargos en relación con la supuesta trama de clínicas abortistas, atraviesa una situación de "crudeza económica" Sus centros, cerrados y sin trabajadores desde diciembre, no prevén reabrir sus puertas próximamente y probablemente no lo harán nunca, según su abogado.
Según explicó hoy en rueda de prensa el abogado del médico, Francesc Campà, la veintena de empleados en las clínicas Ginemedex, TCB y Barnamedic han solicitado a la Generalitat un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por "insolvencia patrimonial", ya que las clínicas no tienen fondos, los trabajadores no han cobrado las últimas nóminas y si abandonan el trabajo no cobrarían el desempleo.
Por ello, Campà ha vaticinado que "lo más probable" es que se acabe produciendo un "cambio radical" y que las clínicas o bien cierren o bien sean traspasadas a otro propietario.
Cierre y jubilación
El letrado ha explicado que su cliente, tras celebrar su liberación y la de su esposa después de casi dos meses en prisión provisional, ha quedado anímicamente tocado, lo que, junto con la prohibición judicial de acercarse a sus clínicas y ejercer la medicina, le llevan a mantener el cierre de sus centros del grupo Ginemedex-TCB.
Campà incluso ha insinuado la posibilidad de que Morín, que ya tiene 64 años de edad, acabe jubilándose.
Para explicar la precariedad económica que afronta su cliente, Campà ha afirmado que ahora únicamente dispone de unos 6.000 euros, en gran parte procedentes de la transacción del vehículo que tuvo que vender para retornar 34.000 euros que le exigían algunas entidades bancarias.
Por ello, Morín y su esposa han empezado a vender patrimonio para poder pagar sus deudas, según el abogado del doctor, que reside en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
Ante esta situación, Campà ha insistido en pedir el reintegro de los 100.000 euros en efectivo que Morín tenía a punto para pagar las nóminas de noviembre, el IRPF y el IVA, y parte de la paga de diciembre, y que fueron incautados por la Guardia Civil y depositados en el juzgado.
Juez contundente
Además, ha sido muy crítico con la actuación de la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, que lleva el caso, y ha afirmado que el auto de la sección novena de la Audiencia de Barcelona que ha decretado su libertad con cargos y sin fianza es "muy contundente" con la actuación de la juez.
Según su versión, la Audiencia de Barcelona ha puesto en duda la constitucionalidad de la decisión de la juez de instrucción de decretar prisión provisional para Morín, por lo que no ha descartado elevar una queja contra la juez.
El letrado también ha indicado que si se confirma que el proceso se inició a raíz de una querella, pedirán su nulidad total ya que llevan más de nueve meses sin saber quién les acusa ni quiénes son las víctimas.
En este sentido, ha señalado que ha oído comentarios en el sentido de que ha habido entre 400 ó 500 mujeres que han testificado ante la Guardia Civil, "pero no sabemos lo que han dicho".
En cambio, ha afirmado que por el momento descartan pedir una indemnización económica por haber pasado dos meses en la cárcel.
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