El Gobierno amenaza a Patxi López y a José Antonio Monago con expulsarles de la política activa

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está decidido a que todos los funcionarios, vivan en la comunidad autónoma en la que vivan, sufran en sus propias carnes las consecuencias de su gestión económica. Por eso, desde su equipo han anunciado que serán implacables contra quienes incumplan su firme decisión de eliminar la paga extraordinaria de navidad a todos los trabajadores públicos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha explicaro que el Ejecutivo ha abierto una cuestión de competencias respecto a la decisión del Gobierno vasco en funciones de abonar la mencionada paga extra a sus funcionarios. "Es una decisión contraria a la legislación básica del Estado", ha recalcado Sáenz de Santamaría, antes de anunciar que ha requerido al Consejo de Estado un informe al respecto.

Pero la decisión llega después de la amenaza lanzada ayer por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que planteó incluso la posibilidad de expulsar de la actividad política a los mandatarios que mantengan esa paga extra. En un acto en Zaragoza, Beteta dijo que las autoridades que tomaran esa decisión serían llevados por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional quedando sujetos "a juicio del Gobierno", que les exigirá "una responsabilidad" teniendo en cuenta el artículo 404 del código penal. Esto "lleva aparejado una suspensión especial de cualquier cargo público por un periodo entre siete y diez años".

El citado apartado se refiere, en todo caso, "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo". Sería por tanto un juzgado el que determinaría si, en efecto, es una injusticia devolver a los trabajadores públicos una paga extraordinaria de la que han gozado siempre y que les permite mantener su nivel adquisitivo. 

Una adevertencia extensible

Beteta hizo esas declaraciones en referencia a la decisión del Gobierno vasco en funciones. Tras semanas de incógnitas, el Ejecutivo del socialista Patxi López -que sigue gobernando a la espera de que sea relevado por el ganador de las últimas elecciones, el PNV de Iñigo Urkullu- anunciaba que los cerca de 67.000 funcionarios públicos que dependen de la administración autonómica -exceptuando los parlamentarios y los asesores de los grupos- cobrarían su paga extra, cuyo montante ronda los 207 millones de euros.

La amenaza del secretario de Estado estaba, por tanto, dirigida al lehendakari en funciones. Pero lo cierto es que la advertencia también podría hacerse extensible al presidente de Extremadura, José Antonio Monago. Porque su Gobierno también tiene previsto hacer una triquiñuela para abonar a sus funcionarios la paga de navidad, aunque en lugar de pagar en diciembre, lo hará en enero.

Tal y como han explicado desde el Ejecutivo extremeño en numerosas ocasiones, el equipo de Monago pondrá en marcha una "secuencia adelantada de pagos", de manera que se anticipa el pago de la extra de junio a enero y la de diciembre al mes de julio durante tres ejercicios. Ante las críticas recibidas por parte de miembros de su propio partido,  el consejero de Administración Pública de Extremadura, insistía ayer en que la fórmula escogida cumple "fielmente y escrupulosamente con la legislación vigente".

Un "autoritarismo" que suena a "chantaje"

A quien no han gustado nada las amenazas del Gobierno ha sido al Ejecutivo vasco. Ante las declaraciones de ayer de Beteta, el equipo de Patxi López ha hecho público un comunicado en el que acusa a Moncloa de "intimidar a funcionarios públicos para influir de forma ventajista en un conflicto jurídico y político", lo que considera como "incalificable". A su juicio, el Gobierno del PP pretende "compensar con autoritarismo y advertencias que suenan a chantaje la falta de criterio de muchas de las medidas" de recorte adoptadas que "con la excusa de reducir el déficit desmantelan conquistas sociales y recentralizan competencias de las comunidades autónomas".

"Son los riesgos de legislar desde La Moncloa, a golpe de decreto ley, en vez de hacerlo desde el Parlamento y escuchando a las demás partes", señala el Ejecutivo socialista. Asimismo insiste en que el Gobiern vasco "ha actuado con total responsabilidad".