El Gobierno aprueba una reforma radical de la Ley de Costas

El anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado hoy en Consejo de ministros, ha indultado a aquellos que poseen propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre, con el anuncio de una ampliación de las concesiones de dichas propiedades a 75 años y del permiso de su transmisión.

En la rueda de prensa posterior, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz Santamaría, ha explicado que este anteproyecto persigue "la seguridad jurídica y la protección del medio ambiente" en el litoral español, que es la base fundamental del turismo en España.

La ley supondrá, ha indicado, una "tolerancia cero" frente a las agresiones en la costa, y cuenta con una "cláusula anti algarrobicos", para actuar frente a acuerdos municipales que aprueben obras contrarias a la ley. En la exposición de motivos, se afirma que en relación con el régimen concesional, la ley introduce "importantes cambios".

La modificación aumentará el plazo máximo de concesiones hasta los 75 años

Así, en el régimen general se modifica el plazo máximo de duración de las concesiones que pasa a ser de 75 años, y se permite la transmisión mortis causa e intervivos de las concesiones. En el primer caso, y según el texto, se amplía el plazo de notificación que deben hacer los causahabientes (sucesores o subrogados) para poder subrogarse en la concesión de uno a cuatro años.

Prórroga para las concesiones existentes

El artículo segundo de la ley establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes, otorgadas al amparo de la normativa anterior. Se da respuesta, a la extinción de las concesiones previstas en la disposición transitoria primera de la Ley de Costas, que preveían, con carácter general, un plazo máximo de 30 años de duración, que finalizará en 2018.

Las prórrogas para las concesiones existentes tendrá que contar con un informe ambiental favorable

Debe subrayarse, refiere el anteproyecto, que no se trata de una prórroga indiscriminada, sino que su otorgamiento queda supeditado a un informe favorable del órgano ambiental autonómico, en los casos en que se trate de ocupaciones destinadas a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera.

"Este es un ejemplo —agrega el texto— donde la seguridad jurídica que supone la continuidad de la ocupación se conjuga con la protección del litoral que podrá conllevar la expulsión efectiva de todas aquellas concesiones que no sean ambientalmente sostenibles. Esta prórroga extraordinaria tendrá una duración máxima de 75 años.

"Una privatización encubierta"

La organización Ecologistas en Acción ha emitido hoy un comunicado en el que denuncia que la modificación de la Ley de Costas supone "la antesala de la privatización del litoral". "La ampliación de la concesión a 75 años y la posibilidad de compraventa de los inmuebles dejarán los bienes públicos de la costa a merced de la especulación y de intereses privados", ha denunciado el federación.

La modificación de la Ley de Costas es "la antesala de la privatización del litoral", denuncian los ecologistas

Ecologistas ha llamado la atención sobre el degradante efecto que la burbuja inmobiliaria ha tenido sobre la franja costera. Sin embargo, apuntan, "ahora el ministro Arias Cañete y su gabinete pretenden hacerlo también con los bienes públicos existentes en el litoral".

En cuanto al supuesto aumento de la seguridad jurídica anunciada por el Gobierno, la federación asegura que se producirá el efecto contrario debido a "la gran cantidad de excepciones, casuísticas infinitas y desigualdades de tratamiento que plantea". "El Estado español deberá hacer frente a una oleada de reclamaciones por indemnizaciones de los afectados que sí cumplieron la legislación" y, además, apuntan, "la Administración tendrá que hacer frente a los gastos de restauración y contención ambiental por los daños que la subida del nivel del may y los temporales a buen seguro provocarán en las concesiones privadas, a causa del cambio climático".

"Ecologistas en Acción considera, además, que aumentar la "flexibilidad" en las playas urbanas no traerá sino nefastas consecuencias para el equilibrio de la franja litoral así como un efecto negativo sobre los usuarios de las playas", zanja la organización.