"El Gobierno tiene la capacidad de presionar a Marruecos"

Tras el asalto de las fuerzas de seguridad de Marruecos al Campamento de la dignidad en El Aaiún, las reacciones de protesta y de denuncia de los hechos no se han hecho esperar. 

Los incidentes, en los que podrían haber muerto hasta 13 personas, han sido objeto de la petición de comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, por parte de varios grupos parlamentarios.

Cinco grupos parlamentarios han solicitado la comparecencia de Zapatero para explicar la postura del Gobierno

ERC-IU-ICV, junto a Nafarroa Bai y BNG del grupo mixto han firmado esta solicitud de comparecencia para que el líder del Ejecutivo explique la posición del Gobierno tras el desmantelamiento del campamento de protesta cercano a El Aaiún.

También pedirán a Rodríguez Zapatero que informe a la Cámara Baja sobre las agresiones a periodistas en Marruecos, además de la prohibición de entrada a parlamentarios e informadores españoles por parte de las autoridades marroquíes.

Además, el BNG ha presentado hoy una pregunta escrita al Gobierno acerca sobre las medidas que adoptará el Gobierno tras el "violento desmantelamiento" del campamento saharaui y sobre el compromiso del Ejecutivo para terminar con "la desprotección y el desamparo" del pueblo saharaui por parte de la comunidad internacional.

Por otra parte, el portavoz adjunto del PNV, Aitor Esteban, preguntará, en este caso a la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, sobre este asunto.

Dificultades para informar

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España "condena" la "crispación" de las autoridades marroquíes con la prensa española y solicita una entrevista con Jiménez para transmitirle su "preocupación" por estos acontecimientos y pedirle protección para los españoles que cubren la actualidad marroquí.

El Sindicato de Prensa marroquí respalda la denuncia presentada por la FAPE

La FAPE ha dirigido una protesta escrita al Ministerio de Asuntos Exteriores en la que insta al departamento de Trinidad Jiménez a que eleve una queja formal ante el Gobierno de Marruecos por los "últimos atropellos" contra periodistas españoles en dicho país y las "dificultades para informar" que afrontan.

En el comunicado de condena de los hechos, la FAPE señala que el Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí (SNPM) respalda dicha denuncia.

La organización profesional española también dirigirá una carta de protesta al Gobierno de Marruecos, "para que deponga esta forma de proceder y no entorpezca el trabajo de los informadores españoles".

Por último, "rechaza" las recientes críticas del ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Taieb Fassi Fihri, en las que acusó a la prensa española de distorsionar la realidad de su país en lugar de hacerse eco de las buenas relaciones con España y de rebajar la tensión generada por el campamento saharaui de El Aaiún.

Polisario, decepcionado

Por su parte, el representante del Frente Polisario en Europa, Mohamed Beissat, ha reclamado hoy al Gobierno español que intervenga tras el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik (Sahara Occidental) llevado a cabo por las fuerzas de seguridad marroquíes, para evitar "un desastre más amplio".

El representante Polisario en Europa no está "nada satisfecho" con la respuesta del Gobierno español

Beissat ha denunciado que los incidentes en el campamento han constituido un "ataque frontal y sangriento, que ha causado decenas de heridos y una lista de muertos que sigue aumentando".

Con el acto de hoy, Marruecos "ha declarado la guerra al pueblo saharaui" y "ha violado unilateralmente el alto el fuego impuesto por Naciones Unidas", dijo el Vicepresidente del Comité de Relaciones de Exteriores y responsable ante la UE del Polisario.

El Gobierno español, añadió Beissat,  "tiene la capacidad de presionar a Marruecos y a la UE para que se haga algo".

Por el momento, el Frente Polisario "no está para nada satisfecho con la respuesta del Gobierno español ante lo que está pasando", teniendo en cuenta que España es "la potencia administradora de este territorio no autónomo según la ley internacional", dijo Beissat.