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El Gobierno convierte en 'okupas' a los que van a ser desahuciados

Podrán seguir viviendo en sus casas a pesar de que el banco les quite la titularidad de sus domicilios. El PSOE acusa al Gobierno de situar "en el corredor de espera" a los que van a perder su vivienda y tildan de "parche" l

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La negociación se prolongó hasta el último minuto. En la mañana del jueves, el PSOE recibía la última propuesta del Gobierno para obtener el aval de los socialistas y presentar así el real decreto ley sobre los desahucios como un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios. Pero el texto no suponía una reforma en profundidad para paliar la situación por la que atraviesan miles de familias que no pueden pagar sus hipotecas, y los socialistas se echaron finalmente para atrás.

La propuesta del Ejecutivo (ver PDF en el BOE) tan sólo contempla una moratoria de los desahucios con umbral de renta mínimo, aunque ni siquiera este tope será suficiente para poder acogerse al mismo. Sólo podrán beneficiarse las familias que no ingresen más de 1.597 euros al mes y cuya carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por un 1,5 en los últimos cuatro años. También podrán prolongar su estancia aquellos para los que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos o los que dispongan de un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad.

Pero, además, quienes se acojan a la moratoria deberán ser familias numerosas o constituir una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo; o ser familias con algún menor de tres años, o tener a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33% de dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral. También se incluye a deudores en paro y sin prestación por desempleo, o a quienes constituyan unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral. Finalmente también podrán ver aplazado el desalojo quienes cumplan las citadas condiciones salariales e hipotecarias y hayan sufrido violencia de género.

El texto supone, además, convertir en auténticos okupas a quienes van a ser desahuciados, ya que tan sólo contempla una moratoria a la hora de hacer efectivos los desalojos, no paralizar el proceso del desahucio. Lo único que se aplaza es la orden de lanzamiento -la expulsión de la vivienda-, porque durante los dos años de aplazamiento las familias que no puedan pagar sus hipotecas ya habrán perdido sus casas aunque puedan seguir viviendo en ellas. Los bancos les habrán quitado la titularidad aunque les permitan seguir ahí.

'Les ponen en el corredor de espera' lamentó ayer la portavoz de Vivienda del PSOE, Leire Iglesias. Esa es una de las razones por los que los socialistas decidieron no situar su rúbrica junto a la del Ejecutivo. 'Las propuestas mínimas no pueden tener acuerdos máximos', explicó la propia Iglesias. Y es que la propuesta finalmente aprobada este jueves por el Gobierno ni siquiera contempla la modificación del código de buenas prácticas de las entidades bancarias, para que las familias que de manera sobrevenida y por consecuencia de la crisis puedan renegociar sus hipotecas.

La responsable económica del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, que junto a Iglesias ha formado parte activa en las negociaciones con el Gobierno, explicó por su parte que la moratoria es 'un parche' y además 'muy restrictiva', ya que va a seguir provocando 'sufrimiento, ansiedad e inseguridad' a cientos de familias que no cumplan con los estrictos requisitos establecidos en el real decreto aprobado este jueves en Consejo de Ministros.

El PSOE calcula que serán unos pocos los que puedan beneficiarse de esa moratoria, pero ni Piñero ni Iglesias se atrevieron ayer a cuantificar cuántos. 'Hay una pésima información estadística', consideró Piñero, que ni siquiera quiere hacer una especulación. En todo caso, ella cree que es el Gobierno el que tiene que dar sus cifras y justificar su iniciativa aprobada finalmente de manera unilateral. 'Lo primero son las personas y el Gobierno ha aprobado una moratoria para favorecer a los mercados', sentenció.

Frente a esto, los socialistas proponen 'parar los desahucios presentes y futuros' para que la gente pueda renegociar sus hipotecas pero 'mantener sus casas', y de forma que la dación en pago sea la última consecuencia. Además, pretenden 'que se den respuestas, también, a quienes ya han perdido sus viviendas'. Ambos serán los principales objetivos que perseguirán durante la tramitación parlamentaria de la iniciativa del Gobierno, y esperan retomar las negociaciones la próxima semana.

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