El Gobierno dará beneficios a los presos si ETA se disuelve

El Gobierno no flexibilizará la política penitenciaria con los presos de ETA mientras la banda no se disuelva. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, trasladó ayer este mensaje a su homólogo en el Ejecutivo vasco, Rodolfo Ares (PSE), en su primera reunión para abordar el fin de ETA tras su anuncio del "cese definitivo de la lucha armada", el pasado 20 de octubre. La cita fue la antesala de la que, próximamente, mantendrán el presidente Mariano Rajoy y el lehendakari, Patxi López.

La política penitenciaria es el tema que más separa a ambos Ejecutivos. Ayer mismo, mientras que el consejero vasco del Interior abogaba por el acercamiento de reclusos a cárceles del País Vasco y la liberación de los gravemente enfermos, el ministro cerró la puerta. "El día que ETA desaparezca, los presos podrán acogerse a los beneficios penitenciarios que la ley prevé. Y en el marco de la ley y con inteligencia, el Gobierno podrá actuar", zanjó.

Los máximos responsables de los cuerpos policiales del Estado y Euskadi enfatizaron el mensaje de que piensan actuar como un "mismo brazo" para lograr que ETA anuncie su disolución. Ambos defendieron, por ejemplo, que hasta ese día es necesario mantener el cerco sobre sus miembros para lograr su detención.

Las diferencias entre Fernández Díaz y Ares salieron a la luz, en cambio, cuando hablaron acerca de cuáles son los movimientos actuales de ETA y sus presuntos propósitos. El ministro del Interior dibujó un escenario más siniestro para justificar la postura de dureza del Gobierno. Se reafirmó en que los tres últimos detenidos en Francia trataban de reorganizar el aparato logístico, insistió en que ha habido "peticiones navideñas" de dinero [eso sí, eludió hablar de extorsión] y llegó a calificar el cese definitivo de la violencia por parte de ETA de "decisión táctica".

"Tenemos la impresión de que hay determinados movimientos que tienen como objetivo mantener una estructura larvada en la clandestinidad. Si fuera absolutamente clara, sincera y rotunda la decisión de dejar de actuar, parece razonable que a esa decisión, pasado un tiempo razonable, le siga la decisión de la desaparición", afirmó.

El consejero del Interior defendió con la misma vehemencia que Fernández Díaz la desaparición de ETA, pero realizó un diagnóstico menos perturbador y, sobre todo, más coincidente con el sentir mayoritario de los partidos en Euskadi y la sociedad vasca. Y, según sus palabras, ambos gobiernos tienen constancia de que "el chantaje y la extorsión a los empresarios ha desaparecido" y, lo que es más relevante, no tienen "ningún dato" que les lleve a "pensar que ETA va a realizar actividades terroristas", como atentados.

El Ministerio del Interior también constata la ausencia de una amenaza de atentados. De hecho, está de acuerdo con el Gobierno vasco en reducir el número de escoltas. Como Ares, Fernández Díaz dijo que "el nuevo tiempo" abierto tras el cese de la violencia de ETA permite adoptar esta medida, caso por caso, de acuerdo a los informes policiales y al propio "estado de ánimo" de las personas hasta ahora protegidas.

En el turno de preguntas, el ministro del Interior tuvo que aclarar que la próxima reducción del número de escoltas no entra en "contradicción" con su diagnóstico sobre los movimientos de ETA.

En la reunión, los gobiernos central y vasco aprovecharon también para impulsar el centro de la memoria de las víctimas. Se han dado un plazo inicial de seis meses para presentar el plan que contemplará su "emplazamiento, sus actividades y su forma de gestión".