El Gobierno escatima fondos a las exhumaciones

Una habitación de 30 metros cuadrados en la Universidad Autónoma de Madrid es el laboratorio más grande de España que identifica restos rescatados de las fosas comunes de la Guerra Civil. El equipo científico que trabaja en recomponer las vidas de 314 esqueletos acumulados en cajas está compuesto por un antropólogo forense, dos arqueólogas en paro, un historiador aficionado y un becario que documenta toda la información. El becario es el único que cobra. Sólo un 19% de las subvenciones del Gobierno para desarrollar la Ley de la Memoria Histórica están dedicadas a la recuperación de cuerpos.

El Ministerio de Presidencia otorga cada año, desde 2006, una cantidad aproximada de dos millones de euros para proyectos relacionados con la recuperación de la memoria histórica de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.

El 81% de las ayudas se dedica a libros, exposiciones o jornadas

En su primera convocatoria primaba en las bases de la misma los proyectos relacionados con "la recuperación de los cuerpos". Sin embargo, durante tres años seguidos, las ayudas dedicadas a este fin apenas han alcanzado los dos millones. El 81% restante, de los 11,5 millones repartidos en total, ha sido dedicado a libros, exposiciones o jornadas.

"Está bien que paguen los libros o los monolitos, pero la subvención a nosotros nos supone una propina", apunta el representante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Burgos, José Ignacio Casado, que en el equipo de la Autónoma ejerce de historiador. Además, añade otro dato que explica la urgencia de la subvención en su caso: "Tenemos a muchos familiares esperando a que se acabe el trabajo de identificación para que les entreguemos el cuerpo. El problema es que muchos se nos mueren en la espera".

La situación contrasta con lo que ocurre en Catalunya, donde gracias a la reciente aprobación de la Ley de Fosas, la Administración autonómica pagará por mandato legal la apertura de las sepulturas colectivas siempre y cuando existan indicios documentales de que una determinada persona está enterrada allí.

"Muchos se mueren en la espera de la identificación de su familiar"

Casado irrumpe en el laboratorio con un documento en la mano. El papel es una lista de los presos que fueron sacados de la cárcel una madrugada de agosto. Los nombres coinciden con algunos de los asesinados cuyas muertes tratan de explicar 70 años después.

"Por el análisis de los huesos se pueden saber muchas cosas. Si tiene fractura post mórtem o pre mórtem. Es decir, si fueron maltratados, cómo los mataron...", explica Ríos. El objetivo de este equipo de la ARMH es ayudar a las agrupaciones de familiares y crear una gran base de datos que cuente la verdad del suceso histórico. "No se pueden explicar estos asesinatos sin un contexto global", añade Ríos.

La mesa central del laboratorio la ocupa un esqueleto completo con un agujero en el cráneo. "A estos los mataron dentro de la fosa. Primero les metieron y luego les dispararon", interpreta Casado con los datos del exhaustivo informe de la fosa de la que procede el cadáver.

Al lado, descansan en cajas los objetos que fueron rescatados en la excavación: un reloj, un crucifijo, una moneda, un pastillero e incluso gomas de borrar. "Aunque los huesos estuvieran desintegrados siempre puede haber objetos como unas suelas de goma que expliquen cuántos cuerpos había", comenta Ríos.

La asociación de Casado ha recibido una subvención de 120.000 euros de Presidencia en tres convocatorias. Un dinero que no costea todo el proceso. "Sólo con desplazar a un equipo de antropólogos durante dos días a excavar una fosa ya habríamos gastado el presupuesto. Menos mal que lo hacen voluntarios", explica. En la ayuda de la convocatoria de 2008 se encontraron con una paradoja. El Gobierno exige escrupulosamente una rendición de cuentas que justifique, en un año, el uso de la subvención. Por error, la ARMH indicó que tendría la identificación de los cuerpos de una fosa en ese año, pero al ritmo que les posibilitan los medios de los que disponen, era imposible. El Ejecutivo solicitó entonces la devolución del dinero.

ADN y documentación

El rigor científico con el que trabajan es total. "La parte documental es fundamental porque a veces, con la prueba de ADN, no es seguro que el cuerpo analizado sea la persona buscada", relata Ríos. Más de una vez se han encontrado con una coincidencia de más de un 95% en el código genético del resto hallado y del familiar que reclama su cuerpo. Sin embargo, en los pueblos pequeños, donde la represión fue muy dura, era común que hubiese multitud de lazos familiares entre los vecinos. "Si a la coincidencia genética le añades pruebas históricas, ya sí que garantizamos y firmamos el informe", concluye el antropólogo.

Cuando la Audiencia Nacional abrió una causa a través del juez Baltasar Garzón para investigar el paradero de 150.000 desaparecidos, salieron cálculos demagógicos sobre el coste que tendría el proceso. La cuenta era sencilla: tantos desaparecidos a 500 euros la identificación genética daba una cantidad escalofriante. Sin embargo, las pruebas genéticas apenas son necesarias para un 30% de los cuerpos encontrados: son aquellos que todavía mantienen familiares vivos. "Existe gente muy capacitada en España para hacer esta labor, lo que pasa es que no hay nadie que ponga el dinero", argumenta Ríos.

El Gobierno confía en la labor altruista de las agrupaciones de familiares. De hecho, el Ejecutivo les ha enviado una ficha para que cuenten los datos de la fosa donde están sus antepasados, los datos de los desaparecidos y las fuentes de información. Estos colectivos se siente explotados y hartos. El Gobierno pide a las víctimas que busquen las fosas cuando la ley atribuye la tarea a las "Administraciones públicas".