El Gobierno evita comentar la fractura en el Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sangra todavía por la fractura vivida en el pleno de ayer a cuenta del dinero público gastado sin justificar por el presidente del órgano, Carlos Dívar, en viajes de lujo a Marbella. El caso alcanzó tal esperpento que cinco vocales progresistas reclamaron la dimisión del también presidente del Tribunal Supremo y otros siete pidieron la salida del vocal denunciante, José Manuel Gómez Benítez. Hoy el Gobierno ha sido preguntado por la imagen de ruptura del Poder Judicial, pero la vicepresidenta ha eludido hacer valoraciones, porque lo importante para el Ejecutivo es "dar estabilidad a las instituciones".

En tres ocasiones ha sido preguntada Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En todo momento se ha atenido a la pauta del "respeto" a las decisiones de los órganos judiciales y de la Fiscalía, que es la que procedió a archivar el caso Dívar tras la denuncia de Gómez Benítez.  "Este Gobierno va a trabajar por dar estabilidad a las instituciones, respetando los poderes del Estado. Las instituciones necesitan estabilidad y todos deberíamos tener ese referente de trabajo". 

El Ejecutivo no quiere hablar, por tanto, de "imágenes", sino sólo de "instituciones", y que estas "contribuyan a llevar a cabo sus tareas, que en este caso [el del CGPJ] son el gobierno de los jueces y la modernización de la Justicia". Sobre los gastos de Dívar, la vicepresidenta tan sólo ha señalado que son "visados" por la Intervención General de la Administración del Estado.