El Gobierno implica a toda la oposición en el 'caso Haidar'

Marruecos ha puesto un tapón en el caso Haidar. Ha cercenado toda solución bilateral con el Gobierno español. Cerrada esa puerta, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, activó ayer otros dos mecanismos, el parlamentario y el diplomático, a los que se suma la vía judicial, abierta el domingo. Con las tres herramientas, el Ejecutivo procura salvar la vida de Aminatou Haidar y aumentar la presión sobre el reino alauí.  

El titular de Exteriores acudió al Congreso a primera hora de la mañana para ahormar una posición común. Acompañado de su director de Gabinete, Agustín Santos, se reunió con los portavoces de PSOE, José Antonio Alonso; PP, Soraya Sáenz de Santamaría; CiU, Pere Macias; PNV, Emilio Olabarria; IU, Gaspar Llamazares, y UPN, Carlos Salvador.

El texto exige que se «redoblen los esfuerzos ante Marruecos» y que «se implique» en esta «situación insostenible»

Moratinos les avanzó que el Gobierno quiere aprobar lo antes posible –en el pleno del próximo martes– una proposición no de ley (PNL) de consenso. Y delegó en Alonso y el Grupo Socialista la redacción del texto. A última hora de la tarde, el PSOE envió a los medios y al resto de la Cámara un borrador de moción con tres únicos puntos [ver recuadro].

En la resolución, se pide al Gobierno que “redoble sus esfuerzos ante Marruecos”, continúe “sus gestiones de carácter bilateral y multilateral”, implicando a la ONU y a la UE, y apoye “todas” las medidas humanitarias posibles para que queden a resguardo “la dignidad y bienestar” de Haidar, a la que seguirá ofreciendo “el estatuto de refugiado”. También se exige a Rabat que “se implique en la solución” de  la crisis y se expresa el “deseo” de que la activista siga con su lucha por los derechos de los saharauis, “pero sin poner en riesgo su salud o su vida”.

IU ve «inaceptable» la redacción del PSOE; quiere más presión sobre Rabat y menos sobre
la mujer saharaui

Desde ahora, son los grupos parlamentarios los que tienen que aportar sus enmiendas a la proposición no de ley. Cuando se cierre un pacto, se registrará en la Cámara baja. Llamazares acusó recibo de inmediato. Y juzgó la redacción “inaceptable”. “Es del PSOE, y si no cede, lo votaremos en contra –advirtió el diputado–. No es lo que acordamos. Presiona en exceso a Aminatou para que deje su huelga de hambre en lugar de presionar más a Marruecos y denunciar la violación de derechos humanos y sólo recoge un compromiso débil de España. No se recoge la posición histórica de apoyo a la libre determinación del pueblo saharaui”.

Aprobación de CiU y PP

El resto de grupos no se pronunció públicamente después de que el PSOE enviara la moción. Horas antes, sí habían aprobado la iniciativa del Gobierno. Sáenz de Santamaría garantizó el apoyo del PP, aunque recordó que “lo principal” es que el Ejecutivo “actúe ya”, y sepa salir del “callejón sin salida” en el que se ha metido. Macias calificó la oferta de Moratinos de “razonable” y probablemente “muy útil” para ayudar a la saharui.

Encarrilada en principio la vía parlamentaria, el Gobierno continuará “trabajando intensamente” por los canales diplomáticos. En un comunicado, Exteriores detalló que continúan los contactos con Marruecos, la UE, Argelia y el Frente Polisario –dos aliados históricos– y con varias instancias de la ONU (su secretario general, Ban Ki-moon; la alta comisionada para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, y el enviado para el Sáhara Occidental, Christopher Ross).

José Blanco, de viaje en Londres, dejó si cabe más claras la intención del Ejecutivo: “No podemos dejar que una persona se muera por falta de alimentación y, en ese sentido, y de acuerdo a nuestras normas y a nuestras leyes, se va a proceder”. El Ejecutivo no ha tirado aún la toalla.

 

EL BORRADOR
La moción que el PSOE debe negociar

El PSOE presentó ayer a los grupos este borrador de proposición no de ley (PNL):

“El Congreso de los Diputados manifiesta su preocupación por la situación de deterioro de salud de Aminatou Haidar y expresa su deseo de que pueda continuar su trayectoria en defensa de sus ideales con las actividades políticas que estime convenientes, pero sin poner en riesgo su salud o su vida. Por todo ello, el Congreso insta al Gobierno a:

1. Que redoble sus esfuerzos ante el Reino de Marruecos para que, en el marco de sus obligaciones internacionales, éste se implique en la solución de esta situación insostenible.

2. Continuar sus esfuerzos y gestiones de carácter bilateral y multilateral, implicando la activa mediación de las distintas instancias de la Unión Europea y de Naciones Unidas.

3. Apoyar todas aquellas alternativas de orden humanitario para asegurar a la señora Haidar que, mientras no pueda volver a su hogar, su dignidad y bienestar queden preservados. Con dicha finalidad, el Gobierno de España deberá continuar manteniendo su ofrecimiento de estatuto de refugiado a ella y a sus hijos, que les habilite para que puedan permanecer en territorio español, entrar y salir de él, y que les sea prestada la atención y alojamiento seguros”.

 

LA CASUÍSTICA DE UNA POLÉMICA COMPLEJA
Más de 20 días de negociación infructuosa con el Ejecutivo marroquí

¿Por qué entra en España?

Aminatou Haidar voló de Nueva York a El Aaiún vía Las Palmas. En la ficha de ingreso, la activista dejó la casilla de nacionalidad en blanco. Marruecos le confiscó su pasaporte (marroquí) y la expulsó del país el 14 de noviembre. Rabat comunicó a España que la iba a embarcar en el primer vuelo de vuelta a Canarias. La compañía aérea no podía negarse, según exige el artículo 66 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de Extranjería. Al llegar a Lanzarote, la Policía y la Delegación del Gobierno autorizaron su entrada porque Haidar dispone de tarjeta de residencia legal en España. El Ministerio del Interior se la concedió hace años, de forma extraordinaria y por razones humanitarias, para que pudiera tratarse de su enfermedad en un hospital público de Madrid. No necesitaba por tanto visado para entrar en nuestro país. Haidar, el día 15, denunció a Marruecos por expulsarla y a España, por retenerla contra su voluntad.

¿Tenía libertad de movimientos?

Ayer, el ministro de Exteriores marroquí, Taieb Fasi Fahri, recordó que Haidar disponía de pasaporte marroquí desde 2006. Desde entonces, pudo salir y entrar del país. Y siempre usó el mismo procedimiento: no indicar la nacionalidad en las fichas de entrada al país. Pero en este último viaje, Haidar temía que la podían arrestar. En octubre, el reino alauí detuvo a siete activistas saharauis, y el 6 de noviembre, el rey alauí, Mohamed VI, cargó contra los “enemigos de la integridad territorial de Marruecos”. La novedad fue la retirada del pasaporte y la expulsión. Dado que Haidar había pasado por Las Palmas, España tenía la fotocopia de su pasaporte, sus datos y constancia de su tarjeta de residencia. Se agarró al artículo 25. 2 de la Ley de Extranjería y la dejó pasar.

¿España qué le ha ofrecido?

Agustín Santos, jefe de Gabinete de Moratinos, ofreció a Haidar tramitarle otro pasaporte marroquí, la nacionalidad española, el estatuto de refugiada política (con el que podría salir de España), alojamiento en nuestro país y gestionar las visitas de sus dos hijos, de 13 y 15 años. La activista ha rechazado todas las opciones porque sólo quiere volver a El Aaiún con sus dos menores.

¿Por qué fracasó el salvoconducto?

Fue la opción que el Gobierno gestionó el viernes y que está aún viva. Se trata de una autorización administrativa especial expedida por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, recogida en el artículo 28. 2 de la Ley de Extranjería. Con ella podría salir de España en cualquier momento. Como explica Santos a Público, la compañía que iba a llevar a Haidar a El Aaiún tramitó los permisos de vuelo y aterrizaje, y Exteriores informó con una nota verbal al embajador de Marruecos en Madrid. Era la autorización que Rabat denegó.

¿Qué salidas quedan ahora?

“Me he vuelto a Madrid. En Lanzarote no tengo más que hacer: la vía bilateral marroquí está cerrada”, decía ayer Santos. Ahora la ofensiva está en otros frentes: judicial, parlamentaria y diplomática, pero multilateral.