El Gobierno no permitirá nuevas acampadas

Los guiños del PSOE a los indignados del 15-M coexistirán con la mano dura que está dispuesto a aplicar el Gobierno contra sus acampadas. El Ejecutivo, por boca de su delegada en Madrid, Dolores Carrión, advirtió de que "no se van a consentir nuevas ocupaciones ilegales de la Puerta del Sol ni de ningún otro espacio público".

La Policía procederá, por tanto, al "levantamiento de cualquier asentamiento ilegal" en el caso de que se produjera y en el momento en que se considere "más adecuado en términos operativos", explicó Carrión a este diario. Se repetiría, en definitiva, lo que ocurrió el martes, cuando varios agentes desmantelaron la acampada de Sol, de la que apenas quedaban una decena de tiendas y un puesto de información.

La delegada del Gobierno encajó ayer numerosas críticas por la contundente carga policial del jueves en el centro de la capital contra quienes protestaban por el desmantelamiento de la acampada de Sol y por la prohibición impuesta en los últimos días para circular por la plaza.

Carrión justificó esa actuación de la Policía y no descartó que se vuelva a repetir en próximas protestas. "Somos respetuosos con todos los manifestantes pacíficos, pero seremos firmes contra los que utilicen la violencia", recalcó.

Tras la tormenta del jueves, ayer el ambiente en Sol se relajó. La Policía permitió el tránsito ciudadano con normalidad. Fuentes de la Delegación del Gobierno explicaron que esa decisión se debe a los principios de "proporcionalidad y congruencia" que, según ellos, han regido las actuaciones de los agentes.

De la misma opinión es el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde Soria defendió las cargas del jueves. Argumentó que "si las manifestaciones son pacíficas, lógicamente la Policía es tolerante, porque es una Policía inteligente; pero si hay violencia, la Policía tiene que actuar, porque 200 personas no pueden poner patas arriba una ciudad", informa Efe.

La respuesta de los indignados no se hizo esperar. En su cuenta de Facebook, la plataforma Democracia Real Ya recalcó a Rubalcaba que "350 diputados y unos cuantos banqueros no pueden poner patas arriba un país entero".

PP e IU exigieron al Gobierno explicaciones por lo sucedido. El vicesecretario de Comunicación de los conservadores, Esteban González Pons, arremetió contra la Policía por una de las detenciones. En concreto, la del periodista de lainformación.com Gorka Ramos. Según dijo Pons en un comunicado, "la Policía está cometiendo gravísimos errores", ya que "no actúa cuando debe hacerlo y sobreactúa donde no debe hacerlo".

Gaspar Llamazares, diputado de IU, volvió a pedir la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Antonio Camacho, para que explique lo ocurrido. En su opinión, el ministro "ha convertido la protesta de indignación social y política en una cuestión de orden público". También exigió aclaraciones al Gobierno la formación ecosocialista Equo.

El presidente de la Cámara Baja, José Bono, optó en cambio por restar credibilidad al 15-M. Según dijo, muchos como él estuvieron "indignados contra la dictadura" y lucharon "para que hubiera libertad y para que la democracia se resolviera en las urnas y no en tiendas de campaña de la Puerta del Sol". Sí se mostró a favor de "escuchar a quien se indigna".