El Gobierno sigue digiriendo el anuncio de Telefónica de reducir el 20% de su plantilla a través de un expediente de regulación de empleo (ERE). Tras unos primeros mensajes de crítica tibia, que ponían en entredicho la decisión de la multinacional ante la situación global de la economía española, el viernes Alfredo Pérez Rubalcaba exponía la nueva posición del Ejecutivo, tras la reunión del Consejo de Ministros. 'No estoy de acuerdo. Más claro no se puede ser', exponía el vicepresidente del Gobierno. El guante lo recogió ayer Valeriano Gómez, quien subió un grado la postura del Ejecutivo. 'El Gobierno se opondrá al expediente de regulación de empleo de Telefónica tal y como está concebido', aseguraba el ministro de Trabajo.

Gómez invitó también a que la compañía 'reflexione' y dialogue con los sindicatos. Entre las razones en las que basó sus críticas el titular de Trabajo se entremezclan los excelentes resultados de Telefónica (10.167 millones de euros de beneficio neto en 2010, cifra récord) con su política de bonus, que repartirá 450 millones entre 1.900 directivos durante los próximos cinco años.

'Es una de nuestras grandes empresas multinacionales y tiene que dar ejemplo, no es propio de una empresa responsable anunciar un día que va a ajustar el empleo de miles de trabajadores y al día siguiente que va a atribuir cantidades multimillonarias de retribuciones a sus directivos', critica Gómez, informa Efe.

Desde Washington, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, intentó hacer equilibrios entre la libertad de la empresa privada y la responsabilidad social exigible a una multinacional. 'Son los accionistas los que toman las decisiones', advirtió Salgado, 'pero veo una falta de oportunidad' en la decisión. La vicepresidenta rebatió la argumentación defendida por la empresa de que la mayor parte de sus beneficios proceden ahora del exterior. 'No es menos cierto que esa inversión en otros países se hizo [en su momento] desde España y en algunos casos con regímenes fiscales favorables (como el fondo de comercio), por lo que, de alguna manera, los contribuyentes son parte de esos beneficios globales de Telefónica y no pueden ser ajenos' a la decisión que tome, informa Belén Carreño.

Mientras, Cayo Lara, coordinador general de IU, adelantó que su partido pedirá en el Congreso la nacionalización de Movistar, la marca global de Telefónica. 'Esta decisión es un insulto para el sufrimiento de los más de cuatro millones de parados', dijo.