El Gobierno quiere endurecer las penas que castigan el cohecho impropio o pasivo —el delito del que se acusaba a Francisco Camps— y plantea incluso la posibilidad de ingresar en prisión por recibir un traje, un bolso o regalo similar, después de que el Consejo de Ministros aprobara este viernes la remisión a las Cortes del convenio penal sobre la corrupción —Convenio 173 del Consejo de Europa— para que se tipifiquen como delitos y se endurezcan las penas de diversas conductas relacionadas con la corrupción, entre ellas el cohecho activo y pasivo en los sectores público y privado.

El objetivo de este convenio, firmado por España el 1 de abril de 2005, es que los Estados miembros tipifiquen como delitos conductas relacionadas con la corrupción, entre las que también figuran el tráfico de influencias y el blanqueo de productos de delitos de corrupción y contables.

El convenio ha sido elaborado por el Consejo de Europa en el marco de la cooperación jurídica internacional impulsada por el Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO), establecido por el Comité de Ministros el 4 de mayo de 1999 y del que España es parte desde ese mismo año, cuando gobernaba el PP.

Ahora el delito de cohecho impropio acarrea multa e inhabilitación. La reforma que plantea el Consejo de Europa y que el Gobierno va a presentar a las Cortes podría implicar penas de prisión para delitos como del que se acusa a Camps. 

Asimismo, el informe recoge el reconocimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas, contempla la creación de órganos especializados en la lucha contra la corrupción y dedica un capítulo a la cooperación internacional.