El Gobierno recurre el boicot del PP a Ciudadanía

El Ministerio de Educación ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la orden del Ejecutivo autonómico que regula la enseñanza de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y que prevé que se imparta en inglés.

Según el departamento que dirige Mercedes Cabrera, esa orden incumple la Ley Orgánica de Educación, asume competencias propias de los centros educativos, divide a los alumnos y dificulta que completen los objetivos de la etapa. Con estos argumentos, el ministerio ha solicitado la suspensión cautelar de la norma autonómica, al entender que “incumple la normativa básica del Estado, porque perjudicaría a los alumnos”.

El ministerio mantiene, además, que la orden del Gobierno valenciano regula medidas relacionadas con la objeción de conciencia a esa asignatura, en contra de la LOE, de la Constitución y de numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, “que en ningún caso autoriza esta posibilidad”.
En ese sentido, la secretaria de Estado de Educación y Formación, Eva Almunia, recordó ayer que más de 200.000 alumnos de siete comunidades autónomas han cursado ya la nueva asignatura con normalidad. “Las familias, los centros educativos y los alumnos han demostrado una responsabilidad de la que el Gobierno valenciano carece”, subrayó Almunia.

Posible “prevaricación”

Gregorio Peces-Barba, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, calificó la orden del Gobierno valenciano de “vergüenza”. En Santander, donde dirige un curso sobre la materia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el también padre de la Constitución aseguró que, tanto el presidente valenciano, Francisco Camps, como la de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, podrían estar incurriendo en un delito de prevaricación porque “no se pueden modificar leyes y adaptarlas al gusto de uno”.

Precisamente porque esta materia “explica las reglas básicas de la convivencia”, Peces-Barba no entiende por qué el PP se muestra tan opuesto a la asignatura. “Que desde un poder público se favorezca la burla a la ley es una burla a las leyes que ellos mismos aprueban”, concluyó.