El Gobierno ha acordado hoy en la suspensión de un año de la incorporación de nuevas categorías de beneficiarios de la Ley de Dependencia. Tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado este acuerdo adoptado dentro de las primeras medidas de ajuste, en un comparecencia de prensa junto a los titulares de Economía, Luis de Guindos, Hacienda, Cristóbal Montoro, y Empleo, Fátima Báñez.

"Se establece la moratoria de un año en la incorporación de nuevas categorías de beneficiarias al sistema de dependencia, en concreto de la dependencia moderada", ha dicho Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta ha asegurado que el Ejecutivo adopta esta medida para "no reducir las prestaciones por dependencia", tal y como hizo el anterior Gobierno.

El acuerdo de hoy mantiene las prestaciones destinadas a la protección en materia de dependencia de quienes ya tienen reconocida algunas de las prestaciones del sistema. "Se garantiza así, a través de la aportación del Estado, una financiación mínima, común y estable para todos los ciudadanos", asegura el Ejecutivo.

Recuerda que el gobierno socialista recortó el presupuesto destinado al Sistema de Atención a la Dependencia en un 10 por ciento en 2011, año en el que se incorporaron al sistema 150.000 dependientes más. "Ante esta situación, el Gobierno se ha visto en la necesidad de adoptar medidas urgentes que fortalezcan la protección por dependencia y garanticen la sostenibilidad de prestaciones y servicios", explica.

El Ejecutivo adopta esta medida para "no reducir las prestaciones por dependencia"

Entre las medidas que adoptará el Gobierno destaca la reforma del modelo de financiación para hacer sostenible el Sistema de Atención a la Dependencia, así como el fomento de políticas de promoción de la autonomía personal y de prevención de la dependencia para todos los grados y niveles.

Destaca la prioridad de garantizar la igualdad de los ciudadanos en el acceso al Sistema de Atención a la Dependencia con independencia del lugar en que residan, así como la formulación de criterios comunes sobre formación de profesionales y cuidadores familiares que permitan mejorar la calidad de las prestaciones.

El Gobierno anuncia que abordará la regulación de la coordinación socio-sanitaria para mejorar la eficiencia en la gestión y la calidad asistencial, así como la configuración de un nuevo sistema de información estadística y el desarrollo de un modelo de gestión administrativa de la dependencia.

También en el ámbito de la dependencia, el Gobierno ha autorizado la suscripción de distintos convenios, en el ámbito de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para prestar servicios de teleasistencia por un valor de aportación del Estado 30 millones de euros.