El presidente andaluz, José Antonio Griñán, después de dos años en el cargo, navega en medio de la tormenta perfecta. Al ciclón de la crisis económica, el aumento desaforado del paro, las encuestas que inyectan ilusión al trabajo de oposición del PP, los errores propios y el desafecto creciente que genera la marca PSOE entre los votantes andaluces se le ha unido ahora el huracán de un caso de corrupción que ha enfangado precisamente una de las políticas estrella de los sucesivos gobiernos socialistas en Andalucía: la resolución, sin causar excesivos traumas sociales, de potentes crisis industriales.

De Santana en Jaén en los 90 a Delphi en Cádiz en esta década, ha sido notable la implicación de la Junta de Andalucía en términos de dinero invertido -ha apoyado a estas empresas con 700 millones- y de cercanía a los trabajadores y sindicatos. El escándalo de suscitado por la colocación de falsos prejubilados en expedientes de regulación de empleo financiados por la Junta y por la distribución opaca de 647 millones de euros se ha revelado especialmente dañino porque ha superado Despeñaperros ahondando fuera en los falsos tópicos de la Andalucía subsidiada y paniaguada.

El grueso de la izquierda andaluza (PSOE, IU, UGT y CCOO) ha roto varias lanzas estos días por la vigencia de las políticas sociolaborales y de ayuda a los trabajadores. Sin embargo, el discurso ha quedado ahogado por el peso de las acusaciones ('no se hicieron las cosas como se debía', asumen numerosos socialistas) y, en ocasiones, por el altavoz que ciertos medios han puesto a las exageraciones y el trazo grueso de determinados miembros del PP. Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación, manifestó que 'un mínimo de 700 millones se destinó a pagar jubilaciones millonarias a los amiguetes del PSOE andaluz' y Soraya Sáena de Santamaría, portavoz parlamentaria, afirmó en el Congreso que 'si eres socialista, en Andalucía cobras jubilación aunque no hayas trabajado'. Por el momento, existen confirmados 39 falsos prejubilados, cuatro de ellos socialistas, en 14 empresas, el 40% de las investigadas. Nadie ha cuantificado aún el dinero malversado.

La corrupción, cuyas consecuencias son imprevisibles -la Fiscalía investiga otro presunto fraude, esta vez en ayudas al fomento del empleo-, cogió a los socialistas con el pie cambiado: por un lado, metidos en la faena de engrasar la maquinaria de cara a las municipales (primera prueba de fuego real del presidente) tras la espantada de su número dos, Rafael Velasco; por otro, en pleno relevo generacional impulsado por Griñán en la dirección regional, un proceso no exento de críticas, por el momento soterradas. El PSOE se reveló incapaz de armar un discurso coherente con el que enfrentar las acusaciones.

Por un momento, el partido pareció dividirse entre nuevos y viejos socialistas. Entre hacer borrón y cuenta nueva o cerrar filas y defender la gestión cuestionada. El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, leal colaborador del ex presidente Manuel Chaves durante años, defendió la gestión 'brillante' de los consejeros de Empleo salpicados por el escándalo, José Antonio Viera y Antonio Fernández. Sin embargo, el nuevo consejero de Empleo, Manuel Recio, se pasó largos días sin arropar a sus antecesores y María del Mar Moreno, consejera de Presidencia, asumió en una intensa rueda de prensa que se habían cometido numerosos errores.

A finales de la semana pasada, pareció operarse un cambio. El consejero Recio se apuntó a los calificativos de Pizarro y emergió un discurso, una pequeña luz de salida: corruptos hay en todas partes, lo importante es cómo se reacciona y el PSOE respeta el trabajo de policías, jueces y fiscales, mientras el PP los denigra si investigan sus casos de corrupción.

Una pieza clave en toda esta historia es el ex consejero Viera, ahora secretario general del PSOE de Sevilla, provincia que es la llave electoral de Andalucía. Hasta ahora, Viera aguanta los chuzos de punta que le van cayendo. Ha rechazado toda responsabilidad en el escándalo y ha decidido resistir hasta el final. Si la decisión es la correcta para los socialistas, se verá con el tiempo. Si se descubren más datos que señalen su responsabilidad, el PSOE habrá cometido un serio error. La tormenta no va a amainar.

La presión atmosférica ha causado incluso que el presidente de la patronal andaluza, Santiago Herrero, un tradicional enemigo de Javier Arenas, anunciara por sorpresa que no acudiría a los actos institucionales del Día de Andalucía, el 28-F, con la peregrina excusa de que no se había distinguido a ningún empresario.

En medio del chaparrón, todas las miradas se dirigen ahora hacia el presidente Griñán, el capitán del barco. La semana pasada, en el Parlamento, se le vio con ganas de lucha. Muchos socialistas recuerdan el huracán del 94 al 96. Todos recuerdan lo mismo, que salieron vivos de aquello. ¿Escaparán esta vez a los rayos y truenos de la tormenta perfecta?