El Guadalquivir va a terminar siendo como el Guadiana, que aparece y desaparece. La petición de nuevas competencias por parte de la Junta de Andalucía, después de que el Tribunal Constitucional anulara la exclusividad que marcaba su Estatuto, ha resucitado de nuevo el conflicto por un río que, aunque eminentemente andaluz, afecta a tres comunidades más: Extremadura fue el entonces presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra quien recurrió la exclusividad alegando que Andalucía se arrogaba unas competencias del Estado Castilla-La Mancha y Murcia.

Andalucía acató la sentencia en su momento y ha valorado ahora la fórmula adoptada por el Gobierno central, que acaba de modificar la Ley de Aguas para que las comunidades autónomas puedan recuperar competencias como la vigilancia y el control de los ríos ampliamente criticada también por los grupos ecologistas por considerarla inconstitucional.

A pesar de ello, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha asegurado que no se conforma y quiere recuperar las máximas posibles esquivando ahora la inconstitucionalidad. La fórmula hallada por los socialistas radica en el artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Estado delegar competencias a las comunidades. Esa es la base de la proposición de ley, dirigida al Congreso de los Diputados, que ayer registró el PSOE en el Parlamento andaluz con la intención de debatirla a mediados de septiembre.

'Reclamamos la máxima capacidad de gestión y de gobierno, reconociendo que las competencias son exclusivas del Estado y accediendo a través de un mecanismo que es perfectamente lícito y que está en la Constitución', destacó el portavoz de los socialistas en la Cámara autonómica, Mario Jiménez, informa Europa Press.

El texto que excluye las competencias referidas al régimen jurídico de las aguas y las relacionadas con la protección general del medio ambiente, las obras públicas hidráulicas de interés general del Estado y la planificación hidrográfica de la cuenca hace especial hincapié en que se trata de las aguas que transcurren íntegramente por Andalucía. 'Se garantiza en cualquier caso que la delegación autonómica no afectará a otras comunidades autónomas', reza el documento, en el que el PSOE intenta huir del conflicto en sus nueve páginas.

En este nuevo capítulo, sin embargo, el conflicto ha surgido de momento donde había unanimidad, es decir, dentro de Andalucía. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, calificó ayer la propuesta socialista como una 'tomadura de pelo sin precedentes' y un 'brindis al sol' porque el Congreso no tendrá tiempo de debatirla ni de aprobarla, informa Efe. Y añadió que, pese a poder estar de acuerdo con el contenido, considera que el problema no son las competencias sino la gestión 'frívola' e 'irresponsable' del Gobierno socialista.

El PSOE, consciente de que la proposición de ley no pueda ser tramitada en el Congreso hasta después de las elecciones generales, busca más que nunca el apoyo del PP en Andalucía, mucho más imprescindible si, como indican las encuestas, esas elecciones dan la victoria a los conservadores.

A ello se suma, además, el nuevo escenario político en las comunidades afectadas por la cuenca del río, todas gobernadas por el PP desde las pasadas autonómicas.