Un grupo de juristas busca implicar a Naciones Unidas en defensa de Garzón

Un grupo de juristas, encabezados por el catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Girona (UdG) Hernán Hormazábal, se han dirigido a Naciones Unidas para que actúe ante la "grave vulneración de la independencia" del juez Baltasar Garzón en España.

La denuncia formal, que cuenta con la adhesión de los catedráticos de Derecho Penal Mercedes García Arán (Universitat Autònoma de Barcelona) y Nicolás García Rivas (Universidad de Castilla-La Mancha), entre otros, fue remitida el pasado viernes a la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, en Ginebra.

El organismo, adscrito a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue creado en 1994 "al constatarse el aumento de los ataques contra la independencia de los jueces y abogados, así como la relación existente entre el debilitamiento de las salvaguardas de la magistratura y la gravedad y frecuencia de las violaciones de derechos humanos". Desde agosto, el puesto lo ocupa la jueza brasileña Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.

La demanda fue presentada el pasado viernes en Ginebra

La denuncia, de cinco folios, sostiene que la resolución del juez instructor del caso en el Tribunal Supremo, Luciano Varela también remitida a la ONU, muestra que la causa contra Garzón "constituye una grave vulneración de la independencia de jueces y magistrados garantizada tanto por el ordenamiento constitucional español como por el orden jurídico internacional".

El argumento de este grupo de juristas que ha acudido a la ONU al que se han sumado otros profesores y catedráticos, como el ex rector de la Universitat de Girona Josep Maria Nadal es que las resoluciones de Garzón se basan en planteamientos "compartidos por un amplio sector de la doctrina penal", que entienden que "los crímenes de lesa humanidad tienen carácter imprescriptible y no son susceptibles de amnistía".

En opinión de los firmantes, el Tribunal Supremo puede tener un punto de vista jurídico distinto al de Garzón, "lo que en un Estado de derecho es lógico, normal y democráticamente saludable", pero no acusarle de prevaricación por el hecho de "plasmar su punto de vista jurídico en actuaciones judiciales".

Tres catedráticos de Derecho Penal encabezan la iniciativa

"El mantenimiento de esta causa abierta [contra Garzón] con la consiguiente amenaza de la imposición de una sanción penal constituye una clara e indiscutible injerencia en su independencia como juez", reza la denuncia. Y concluye con una petición a la Relatora de la ONU para que disponga "las medidas pertinentes para la protección de la independencia" del magistrado.

A pesar de que los tiempos en la ONU suelen ser lentos, Hormazábal considera que hay que iniciar el proceso cuanto antes porque el caso, si sigue adelante, "acabará con toda seguridad en los órganos internacionales".

"Lo que está sucediendo supone un gran desprestigio para la justicia española", explica el catedrático en conversación telefónica. Y añade: "Es una maniobra política increíble, que no se entenderá en ningún lugar del mundo. Es como si en Alemania se encausara a un juez por investigar a nazis".