Grupos 'pro vida' vigilarán en las clínicas el cumplimiento de la ley

La presidenta de Unidos por la Vida, Pilar Gutiérrez, ha afirmado que los ciudadanos también quieren "vigilar de cerca" el cumplimiento de la "ley del aborto" en todas las comunidades autónomas, tal y como aseguró que haría el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y ha avanzado la creación de equipos de 'agentes de vida' para controlar, desde las clínicas abortistas, el cumplimiento de la ley.

Gutiérrez: "Nuestro objetivo es cubrir todas las clínicas abortistas de España, siete días a la semana"

De esta forma, entregarán información sobre el síndrome post-aborto, así como sobre otras salidas posibles: el acogimiento y la adopción de su hijo en gestación. Además, aportarán una lista completa de los recursos pro-vida disponibles, que "no va incluida en la mayoría de los sobres oficiales", según ha denunciado esta organizaión.

Por ello, ha pedido colaboración, mediante aportaciones económicas, "para poder pagar a las personas que harán este trabajo", que será gente afín, actualmente en paro, entre ellas mujeres embarazadas.

"Con esta iniciativa los ciudadanos también queremos colaborar en el logro de los objetivos positivos de esta ley, pues creemos que la mejor manera de acabar con los embarazos no deseados es convertirlos en deseados, que es mucho más fácil de lo que el gobierno cree", ha concluido.

Nuevos registros de objetores

Por su parte, el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) ha delegado en los centros de Atención Primaria (CAP) y hospitales públicos la creación de un registro de objetores de conciencia, que por razones religiosas, ideológicas y morales se opongan a realizar un aborto, con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo .

En declaraciones a Europa Press, el jefe del Area de Praxis del COMB, Josep Arimany, ha explicado que la institución no cuenta con un registro, como sí sucede en otras comunidades como Madrid y Castilla y León, porque considera que debe ser cada centro quien ponga en marcha una iniciativa de estas características.

De lo contrario y teniendo en cuenta el carácter "anónimo" del registro, Arimany ha argumentado que "los centros no sabrían qué médicos han decidido objetar" y es en el conocimiento de estas circunstancias que se deben organizar los turnos para que en todo momento se pueda garantizar el derecho reconocido por la sanidad pública a abortar, ha añadido.

Deben ser los servicios de ginecología y gerencia los que deben gestionar este registro en cada centro, ha defendido Arimany, en la línea de la declaración aprobada por el COMB, a raíz de la aprobación de la nueva "ley del aborto".

El jefe del Area de Praxis ha argumentado la ausencia hasta ahora de un registro, ni en los hospitales ni en el colegio, alegando que el 97 % de los abortos se realizaban hasta ahora en clínicas privadas.

En cualquier caso, el colegio se ofrece para dirimir en los conflictos que puedan darse en la actividad diaria en el desarrollo de este derecho profesional y de las mujeres.

Actuará como árbitro

Y es en esta línea que el texto señala que esta tarea se realizaría con "confidencialidad y respetando los Comités de Etica Asistencial" de cada centro. Por ello, ha creado una comisión específica, dirigida por el mismo Arimany.

Los CAP catalanes comenzarán a dispensar la píldora abortiva RU-486 a partir de enero para las gestaciones de menos de siete semanas para descongestionar el aumento de la demanda en la red pública de hospitales.