La Guardia Civil cerca a un diputado regional del PP

No está detenido. Ni siquiera, imputado. Pero todas las miradas se dirigen a él. Juan Morales Cánovas, diputado del PP en la Asamblea de Murcia y ex alcalde de Totana, ha visto como en los últimos días al menos cuatro personas de su entorno eran detenidas o imputadas en el transcurso de la llamada Operación Tótem contra la corrupción urbanística en esta localidad murciana.

El Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detenía ayer a cuatro personas, entre ellas a dos de sus más estrechos colaboradores en los últimos años como alcalde: José Martínez Andreo, quien fuera su hombre de confianza y, desde el 27-M, su sustituto al frente del Consistorio; y el jefe de la Policía Local, Alfonso Canales.

Se sumaban así a otros dos personajes cercanos a Morales que están imputados desde el pasado lunes: su ex mujer, María del Carmen Jordán, a quien se registró su vivienda, la sede de la asesoría jurídica que posee y una caja de seguridad que poseía en una sucursal de Cajamurcia; y su actual compañera sentimental, la ciudadana brasileña Vaneide Freita, en cuyo domicilio de la capital murciana los agentes encontraron más de 50.000 euros en efectivo.

La Guardia Civil añadió presión a su cerco sobre Juan Morales al interceptar el pasado martes el vehículo en el que viajaba su abogado y antiguo asesor de urbanismo en el Ayuntamiento, Javier Cegarra, después de que éste mantuviera un encuentro con el diputado regional. Los agentes requisaron al letrado un maletín que, según reconocía el mismo, pertenecía al propio Morales.

Dos corruptelas

Fuentes cercanas a la investigación aseguran que hasta el momento se han encontrado sólidos indicios de corrupción en relación con dos operaciones urbanísticas distintas en Totana. La primera, que fue la que llevó a las seis detenciones del lunes, está relacionado con la compra de más de dos millones de metros cuadrados de terreno rústico que se iba a recalificar en breve en la zona conocida como El Raiguero, y en la que el empresario gallego Manuel Núñez Arias –uno de los detenidos a comienzo de la semana– tenía previsto edificar 5.040 viviendas, un campo de golf y tres hoteles, dos de ellos con spa.

Siempre según estas fuentes, la intervención de la Guardia Civil frustró que los seis detenidos entonces –tres relacionados con al constructora gallega y otros tres intermediarios– llegaban a culminar una operación en la que, a falta de confirmar con la documentación incautada, se iba a pagar una supuesta mordida de entre uno y tres millones de euros.

La segunda operación urbanística investigada es la reventa de suelo en el Polígono industrial El Saladar. La Guardia Civil cree que el hotelero detenido, Pedro Martínez Ruiz, había comprado 40.000 metros cuadrados de una parcela a bajo precio y, con la supuesta ayuda de los otros detenidos, la había revendido con un importante beneficio pese a que estaba obligado por contrato a volver véndersela al Ayuntamiento si no instalaba en dicho lugar una empresa. Tanto él como otros dos arrestados ayer –la secretaria del Ayuntamiento, Laura Bastida, y el jefe de la Policía Local– están acusados, por ello, de falsificación de documento público. El cuarto, el alcalde actual del PP lo está, además, por tráfico de influencias y cohecho.

Fuentes de la investigación insistían ayer que la Operación Tótem no ha terminado.