Guerra total entre el Poder Judicial y la Fiscalía

Por primera vez en la historia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su Comisión Permanente ha adoptado un acuerdo para desmentir una afirmación del fiscal general del Estado. Y eso que Cándido Conde-Pumpido la dijo en un acto privado, al que no asistía ningún medio de comunicación, por lo que no había tenido trascendencia pública alguna.

Fue en la comida homenaje que se hizo al exmagistrado del Tribunal Supremo José Jiménez Villarejo con motivo de la imposición de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. El fiscal general del Estado hizo un breve discurso elogioso hacia el condecorado. Y, en un momento de su intervención, se refirió a que el "gobierno de los jueces [...] ahora parece que quiere legislar".

El CGPJ se reunió con los partidos para impulsar los cambios

Al acto asistían la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, y los vocales Almudena Lastra y José Manuel Gómez Benítez. Este último le reprochó a Conde-Pumpido su afirmación y formuló una queja que es la que ha llevado al Consejo a adoptar por unanimidad el acuerdo que dice que "la acusación de estar invadiendo las funciones del poder legislativo no sólo carece del menor fundamento sino que, además, significa una gravísima descalificación de este órgano constitucional del Estado".

El acuerdo añade que el Consejo "ha actuado en todo momento dentro del más estricto cumplimiento de su obligación de sugerir a los poderes legislativo y ejecutivo las medidas que considera necesarias para mejorar la administración de la Justicia por parte de los jueces y magistrados en beneficio de todos los ciudadanos".

La reforma legal da más poder al juez al suprimir recursos y ampliar el secreto

Pero esa "sugerencia", asumida por el propio Consejo en el acuerdo, es considerada por fuentes fiscales mucho más que eso. Entienden que, a través de las reuniones que varios vocales mantuvieron con los partidos, el Consejo inspiró la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) incluida en las enmiendas que los grupos han presentado al Proyecto de Ley de Agilización Procesal, que sólo afectaba a las jurisdicciones de lo Civil y de lo Contencioso-Administrativo. Tras el paso por el Congreso, la reforma también se ha extendido a la jurisdicción penal.

Por eso, las mismas fuentes tachan de "cortina de humo" la reprobación de unas palabras de Conde-Pumpido que sólo fueron escuchadas por representantes del mundo judicial. Con ella se trata de tapar lo que, a juicio de la Fiscalía, es "lo fundamental", porque la reforma supone un recorte de las garantías de los ciudadanos. ¿Por qué? Fundamentalmente por la supresión de recursos judiciales y la ampliación del secreto del sumario, que impedirá a los medios de comunicación informar a los ciudadanos de la evolución de los procedimientos. La reforma deja en manos del juez hasta la posibilidad de que un abogado defienda la inocencia de su cliente o que el fiscal informe del escrito de acusación que formula contra un imputado.

La presidenta de Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, tachó la iniciativa de "paso atrás" en una sociedad democrática, según Efe.

El Consejo Fiscal se reúne mañana de urgencia para estudiar las medidas

La Fiscalía General ha convocado una reunión de urgencia del Consejo Fiscal con un único punto del orden del día: el "examen de las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal, en cuanto afecten a las funciones del Ministerio Fiscal". El Consejo Fiscal no ha sido oído, pese a ser su informe preceptivo en cualquier ley que le afecte.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) fue la asociación fiscal más rápida en criticar lo que, a juicio de la presidenta de la Asociación de Fiscales, Pilar Jiménez Bados, es un "parcheo" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "al final de la legislatura", por lo que pidió responsabilidad a los políticos.

La UPF "exige que la reforma de una ley tan trascendental, y que afecta a derechos fundamentales regulados en la Constitución, como es la Lecrim, se realice sin oscurantismo y respetando los cauces oportunos", como pedir los informes, preceptivos, pero no vinculantes, del Consejo Fiscal y del CGPJ.

A su juicio, no es "adecuado que se introduzcan reformas que no respeten otras normas ya existentes, como el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que fija, entre sus muchas funciones, velar por los derechos de los ciudadanos, por la independencia de los tribunales o por informar a la opinión pública".

Fuentes fiscales señalaron que, frente al objetivo previsto de que la instrucción pase a manos del Ministerio Público y el juez se limite a velar por las garantías del proceso, el sistema previsto en las enmiendas da más poder a los magistrados, cuyas resoluciones sólo podrán ser impugnadas en apelación.

El ejemplo que ponen de la importancia de los recursos de reforma o de súplica, que se pretenden suprimir, es muy reciente. La excarcelación del etarra Antonio Troitiño fue revocada por la Audiencia Nacional gracias a que la Fiscalía la impugnó.