La guerrilla judicial

En la medianoche vence el plazo legal para presentar una eventual demanda de impugnación de las candidaturas de Bildu por "hechos sobrevenidos", es decir, posteriores a la decisión del Tribunal Supremo. ¿Cuáles podrían ser los elementos que pudieran justificar una nueva demanda? A bote pronto, hay dos: el documento sobre presunta reunión entre EA y ETA de 2009, y la pancarta de apoyo a Bildu desplegada por el etarra Ander Errandonea a su salida de prisión.

El primero de los elementos, hallado en su archivo por la Guardia Civil, fue presentado a última hora ante el Tribunal Constitucional (TC), cuya mayoría le otorgó escasa consideración. No obstante, como el Tribunal Supremo no pudo valorar esta prueba teóricamente es un hecho nuevo que podría suscitar su atención.

El debate sobre Bildu-Sortu ha implicado a 26 magistrados

El segundo, la pancarta desplegada por Errandonea, es una conducta personal. El hecho de que la palabra eta en euskera signifique la conjunción y vaya escrita en color verde, diferente de la consigna de independencia y socialismo, que lleva color rojo, puede suponer un acto provocador de carácter personal. Pero ¿qué aporta al problema de fondo para conseguir la ilegalización de Bildu?

El debate sobre Bildu-Sortu ha implicado en total a 26 magistrados: 15 miembros de la sala del 61 del Tribunal Supremo y 11 del TC. Que es un tema difícil y complejo salta a la vista. Prácticamente han estado partidos por la mitad. En estos casos, la decisión resultante es casi siempre política. Algunas veces para bien, otras para mal.

El TC revocó la decisión de ilegalizar a la coalición por parte del TS porque, según estimó, no quedaba acreditado que los "independientes" que copan las candidaturas en las listas de Bildu proceden de la ex-Batasuna. Al cuestionar mediante una valoración técnica de la prueba esta realidad, especialmente ilustrada por las demanda de la Fiscalía General del Estado, el TC evitó el debate de fondo.

¿Qué debate? Pues definir si los compromisos asumidos por la gente procedente de Batasuna eran suficientes o no para concederles el ejercicio al derecho fundamental de participación política. Al decir que sólo eran sospechosos de proceder de Batasuna, que no se podía proscribir las candidaturas mediante conjeturas, ya no fue necesario resolver la mayor.

Aquellos magistrados que defienden el derecho a la participación política de los exmiembros de Batasuna como independientes en Bildu esgrimirán, en relación con la pancarta de Andorrenea, que precisamente de eso se trata, a saber, de que se abandone la violencia a favor de la actividad política democrática.

Cualquier demanda por hechos sobrevenidos tiene un problema. El Supremo, donde debe ser reiniciada la tramitación, no es el que necesita ser convencido. La Sala del 61 denegó la participación. Los nuevos hechos son para la mayoría de nueve magistrados que votaron por la ilegalización, más de lo mismo. ¿Quizá tengan ganas de darle una coz al TC?