Ibarretxe se ve dentro de la ley

"Querer es poder". El lehendakari replicó ayer con esta frase a la cascada de declaraciones contrarias que ha suscitado su propuesta en el Gobierno y en los dos principales partidos de España, PSOE y PP. Juan José Ibarretxe decidió comparecer de forma extraordinaria ante los medios de comunicación, tras la reunión habitual de su consejo de gobierno de los martes, a la vista de la polémica creada en torno a su propósito de convocar en Euskadi una consulta popular en octubre de 2008.

Y lo hizo con un doble objetivo: insistir en que ésta no supone una transgresión de la ley, y mostrar su confianza en poder llegar a un "acuerdo político" con el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero.

El jefe del Ejecutivo vasco no quiere tirar la toalla ante el aluvión de críticas que ha generado su propuesta, tanto entre miembros del Gobierno, como del partido socialista, pese a que las percibe con desencanto como una forma de "cerrar puertas". Su primer intento para acercarse al presidente del Gobierno lo gestó el pasado lunes, tres días después de anunciar su iniciativa política en el Parlamento. Llamó a La Moncloa para tratar de concertar una reunión con Zapatero, a quien en verano ya le había adelantado de soslayo su iniciativa, aunque, eso sí, sin entrar en matices. "No tendrá ningún problema en hablar y, en su caso, negociar y acordar; acaba de tener sus últimas conversaciones con ETA y Batasuna en mayo", dijo con cierta carga de ironía para, acto seguido, añadir: "He abierto la mano, y no es para retirarla, es para mantenerla ahí y abrir la puerta, porque creo que es posible formalizar un acuerdo político entre el presidente y el lehendakari".

Ética y democracia

Recordó en ese sentido que su propuesta para la pacificación y la resolución del "conflicto vasco" pivota sobre dos principios básicos, "el ético y el democrático". El primero, quiso destacar Ibarretxe, entronca directamente con la resolución aprobada por el Congreso en 2005 sobre la posibilidad de iniciar un diálogo con ETA siempre que la banda acredite de forma fehaciente su voluntad de abandonar al violencia. Y el segundo se fundamenta en la necesidad de "alcanzar acuerdos y hablar sobre el derecho a decidir -del pueblo vasco-", así como de las relaciones entre Euskadi y España.

El lehendakari ahondó también en la polémica sobre la validez de su propuesta. "El planteamiento es tan democrático, tan limpio", respondió, "que estoy seguro que nadie va a tener intenciones de usar la justicia o la Policía para impedir que la sociedad se pronuncie". Sobre este punto, volvió a diferenciar una consulta no vinculante de un referéndum con valor legal. La articulación jurídica de la primera, insistió, corresponde a las comunidades, mientras que en el segundo caso, admitió, al Estado. "La petición -por parte del Parlamento vasco- jamás sería ilegal. ¿Cómo va a ser legal si entra dentro de nuestras facultades solicitarlo? Otra cosa es que el Estado lo permita o no", concluyó.