La confirmación de que el Gobierno no presentará la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública durante la presente legislatura, adelantada ayer por Público, ha hecho saltar las alarmas en las filas de la izquierda minoritaria en el Congreso.

Así, la diputada de ICV en la Cámara Baja, Nuria Buenaventura, registró ayer en el Parlamento varias preguntas que ponen de manifiesto la preocupación del grupo respecto a la congelación de uno de los proyectos emblemáticos del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

ICV cree que la norma es básica para luchar contra la corrupción

Para los ecosocialistas, la posibilidad de los ciudadanos de acceder a la información pública es un 'derecho fundamental' que requiere ser regulado. Desde ICV destacan, además, la 'valiosa aportación a la lucha contra la corrupción y la transparencia de los gobiernos' que conllevaría la normalización de este derecho.

Entre otras cuestiones, ICV interpelará al Ejecutivo por los 'motivos por los que ha decidido enterrar' la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo cierto es que, a pesar de los rumores que hablaban de la presentación de la norma, primero en diciembre de 2009 y después tras las vacaciones del pasado verano, el borrador nunca llegó al Consejo de Ministros.

ICV-EUiA propondrá en los próximos días además en el Parlament catalán una modificación del reglamento interno de esa cámara, con el objetivo de que sea pública la declaración de bienes que cada diputado está obligado a presentar cuando recoge su acta. En este sentido, la portavoz de ICV en el Congreso también preguntará al Ejecutivo si el anteproyecto de la prometida ley contemplará 'un registro público de bienes y el patrimonio de los cargos electos'.

Equo critica la demora del proceso y el contenido del borrador

Tras el carpetazo del Gobierno a esta ley, Equo, la fundación que dirige el ecologista Juantxo López Uralde, también quiso 'reivindicar' la importancia de la transparencia de la Administración. En un comunicado, la joven formación reclama al Ejecutivo que 'se cumplan los compromisos adquiridos' y otorgue a la Ley de Transparencia 'la importancia que merece'. Para Equo, la posibilidad de los ciudadanos de acceder a la información es un 'derecho básico' que debe ser legislado 'sin más dilaciones'.

Según Uralde, la prometida norma es 'básica' para atenuar el gran desapego que, a su juicio, existe en la actualidad entre la ciudadanía y los poderes públicos. 'En un sistema democrático, este es un derecho básico que debería ser fomentado desde la propia Administración, y no ser torpedeado por ella', prosigue.

Asimismo, Equo critica no sólo la 'demora' en la aprobación de la norma', sino el contenido del anteproyecto. 'No deja de ser sintomático que el borrador de una ley que busca la transparencia se haya conocido por una filtración', explican.

Esta circunstancia es también un hecho que sorprende en el partido que lideran Joan Saura y Joan Herrera. Así, Buenaventura también pedirá al Gobierno que justifique la 'paradoja' de que la organización Acces Info Europe accediera al texto a través de una filtración.

Entre los principios que reclama, Equo incluye que el derecho de acceso se aplique a todas las entidades públicas, que sea 'rápido', 'sencillo', 'gratuito' y 'garantizado por un órgano independiente'. ICV también pedirá explicaciones al Ejecutivo a propósito de los encuentros mantenidos con organizaciones comprometidas con el derecho a la información entre ellas Acces Info Europe, las fechas en que tuvieron lugar y el detalle de las entidades con las que se ha trabajado y consultado el borrador de la ley.

La última pregunta que los ecosocialistas harán al Ejecutivo será a propósito del Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos que España no podrá ratificar hasta que tenga una ley de acceso a la información.