Imputados el actual director general de Trabajo de la Junta y su antecesor

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, ha dictado un nuevo auto en el que imputa en la causa al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, y a su antecesor, Juan Márquez, que sucedieron en el cargo a Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso.

Francisco Javier Guerrero, que precisamente este jueves prestó declaración ante la Guardia Civil durante seis horas en el acuartelamiento de Eritaña en Sevilla, ha sido citado por la magistrada para prestar declaración judicial el próximo 23 de febrero.

El actual director general de Empleo está imputado por ordenar, el 1 de septiembre del 2010, pagos a favor de extrabajadores del laboratorio fotográfico Surcolor, aunque dos de ellos no pertenecían a la empresa. Igualmente, su antecesor Juan Márquez lo está por autorizar la inclusión de intrusos en los ERE de las empresas Surcolor, Aglomerados Morell, Río Grande y Calderinox. Esta última en la que se incluyó al exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, aunque nunca trabajó en ella.

El caso ERE, un escándalo que ha revelado un millonario desvío de fondos públicos andaluces, mostró su cara más insultante al conocerse que parte del dinero acababa supuestamente en drogas, fiestas y caprichos para el personaje clave de la trama, el exdirector de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero. 

Juan Francisco Trujillo, que fue chófer de Guerrero, declaró el 15 de diciembre de 2011 ante la Policía en Andújar (Jaén) que en 2004 recibió dos subvenciones por valor de 450.000 euros cada una de parte de Guerrero, director general de Trabajo de 1999 a 2008. Según el acta de la declaración, publicada por El Mundo y ABC, "una tarde en un local de copas, a los que era muy aficionado' el Sr. Guerrero [...], este le comentó [a Trujillo] la potestad que él tenía como director general para conceder subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar nada". 

El chófer afirma que Guerrero le sugirió crear empresas para recibir las ayudas. Él montó dos: Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial. Cada una recibió 450.000 euros. La documentación la preparó "en dos folios" el propio Trujillo, según su declaración, y se la dio "en mano" a Guerrero. Hasta el día de su declaración, la Administración no le había reclamado el dinero, que debía servir para la promoción de proyectos empresariales como un negocio de casas rurales, entre otros, pero que en ningún caso se dedicó a tales fines.