Imputan al exalcalde conservador de Calp, Javier Morató, por el caso Brugal

Un juez ha citado como imputados al exalcalde conservador de Calp Francisco Javier Morató y al industrial Ángel Fenoll entre un grupo de once personas a raíz de las supuestas ilegalidades en el servicio de recogida de basuras de este municipio de Alicante, dentro de una de las piezas separadas del caso Brugal.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Morató y Fenoll y nueve personas más, deberán declarar entre los días 20 y 21 de septiembre, ha acordado el titular del juzgado número 1 de Dénia.

Este juez también ha levantado el secreto de las actuaciones en torno a este caso, en el que se investigan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación en torno a la recogida de residuos a favor de la empresa Colsur, propiedad del citado empresario Ángel Fenoll.

Se imputa también a los exediles del PP Juan Roselló, Fernando Penella y José Perles

Además de Morató, que abandonó el PP y ahora es concejal por el partido independiente Alternativa Popular para Calpe (APC), y Fenoll, el juez ha citado como imputados a los exdiles del PP Juan Roselló, Fernando Penella y José Perles, así como al empresario Juan Artacho y al ingeniero municipal Juan Cervantes, entre otros.

El juez no ha precisado qué delitos imputa a cada uno de los once citados aunque todos deberán presentarse con su abogado en una causa en la que los delitos generales de la investigación son el cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

En esta separata del Brugal se investigan distintas irregularidades en la recogida de las basuras, por ejemplo el fraude al alza en el pesaje de los camiones que recogían los residuos, lo que habría supuesto una facturación mayor de la debida al ayuntamiento.

Esta es una de las cerca de veinte piezas separadas del Brugal, que se inició hace cinco años a raíz de un supuesto cohecho en la adjudicación de la recogida de basuras de la ciudad de Orihuela y que se fue ampliando a otros asuntos a raíz del contenido de las escuchas policiales autorizadas por los sucesivos jueces que se han hecho cargo de la operación.

Entre ellos, las supuestas ilegalidades en torno a la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja y en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante.