Incertidumbre y batalla para los inquilinos de las 3.000 viviendas vendidas a fondos privados

"Indignado, humillado, estafado, apaleado, escupido y mordido". Así dice sentirse Antonio, un hombre de mediana edad y vecino de La Ventilla. Afortunadamente su piso no es uno de los 157 que se han vendido en este barrio, pero se solidariza con el resto de inquilinos de las 3.000 viviendas de la Comunidad de Madrid que han pasado a empresas privadas. Como él, centenares de personas se están organizando a través de las asociaciones de vecinos y de la Plataforma de Afectadxs por la Vivienda Pública y Social de Madrid (PAVPS) para salir a las calles y actuar desde el poder judicial como colectivo.

Todo comenzó el 9 de agosto cuando se formalizó la venta de 2.965 viviendas del Instituto de Vivienda de Madrid (Ivima), repartidas en once municipios, al fondo de inversión norteamericano Goldman Sachs y a la española Azora por 201 millones de euros. El primero "aportará la mayor parte de la inversión a través de su filial inmobiliaria Whitehall", y la segunda, "además de coinvertir minoritariamente, se ocupará de realizar la gestión de las viviendas", tal y como anuncia esta última en su página web. Sin embargo, los inquilinos no supieron que sus casas habían cambiado de propietario hasta el mes de octubre, cuando los nuevos dueños se lo comunicaron por carta. Por su parte, el Ivima ha asegurado que los recientes caseros "mantendrán el mismo alquiler y [los inquilinos] podrán ejercer el derecho a compra al precio que ya conocen"; no obstante, el sentimiento de estafa comienza cuando calculan que la administración ha vendido cada vivienda por 67.000 euros, y el precio medio que van a pagar es de 140.000.  

Los pisos de protección pública se pensaron con un objetivo social, pues se destinan a un perfil de personas y familias en situación de vulnerabilidad como son los jóvenes, mayores o con discapacidad, familias monoparentales, víctimas de violencia de género o inmigrantes, con ingresos que no superen en 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, establecido desde 2010 en 532,51 euros mensuales. No obstante, esta función social empieza a desvirtuarse cuando en "el año 2008 la empresa municipal de vivienda y suelo (EMVS) entró en quiebra, y escasos meses antes había entrado el Ivima. Lo que quieren es quitarse todo el capital inmobiliario posible", asegura María José Vicente, abogada de la PAVPS, quien entiende, también, que este proceso se ha realizado de una manera "totalmente oscurantista".

Una de las protestas que más se oye entre los afectados y no afectados es que ha sido una venta con pérdidas patrimoniales. ¿Para qué tanta prisa? La única razón que parece justificar la venta de pisos a ese precio es la falta de liquidez: "La administración lo que está diciendo es que en este momento no hay un capital monetario que pueda seguir garantizando el parque inmobiliario social, con lo cual se da una enajenación donde hay un cambio de titularidad y en la que ellos garantizan que la gestión va a seguir siendo la misma", aclara la abogada. Por su parte, la Administración resalta en sus comunicados que el dinero ingresado en las arcas públicas irá exclusivamente destinado a "políticas sociales".

Independientemente de lo dicho por el ente público, esa pérdida de patrimonio -a la que no hace referencia- la explica Mariano Martín, vecino de La Ventilla e inquilino, ahora, de Encasa-Cibeles. Él lleva siete años de arrendamiento con opción a compra en un piso tasado en 70.000 euros, y por el que los fondos de inversión han pagado unos 67.000. En enero debe decidir si quiere adquirir su piso; en ese caso, a la cantidad de las escrituras tendría que aplicar el Coeficiente de Actualización (1'5 según el Plan de Vivienda 2009-2012), "más los impuestos y descontando el 50% de las cuotas ya pagadas en el alquiler, serían 90.000 ó 100.000 euros, algo que, aunque no lo consideramos un precio muy social, sería asumible para muchos de nosotros".

Sin embargo, "Encasa-Cibeles mantiene que dicho Coeficiente es un 2, de ahí que 70.000 por 2 salgan los 140.000 euros que dicen que cuesta", aclara. Además, en estos años de alquiler con el Ivima ha pagado un 4% de IVA por tratarse de una vivienda de protección oficial de nueva construcción; pero ahora su edificio ha pasado a ser vivienda de segunda mano, por lo que, tanto Mariano como el resto de habitantes de las viviendas vendidas, tendrán que añadir un 7% de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. "¡Negocio redondo!", entienden los vecinos en su comunicado de posicionamiento, pues los fondos de inversión están pidiendo más del doble de lo que han pagado por viviendas de menos de 50 metros cuadrados, que se construyeron para cumplir una función social y con dinero público. De este modo, consideran que se está incumpliendo el artículo 47 de la Constitución referido al derecho a disfrutar de una vivienda digna donde los poderes públicos "promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

Miriam y Tamara representan hogares afectados. Miriam tiene familia numerosa, procede de Ceuta y es inquilina en Valdecarros: "Estoy cobrando 426 euros de renta mínima y busco en la basura para alimentar a mis hijos; es la realidad y no me voy a escapar de ella". Tamara, por su parte, cuando habla de su situación rompe en lágrimas por la impotencia y la incertidumbre que siente: "Estoy con una depresión muy grande y no hago más que llorar". Vecina del Ensache de Vallecas, madre de cuatro niños de tres a once años, gestora de su hogar con 500 euros de renta mínima y esposa de un hombre en paro.

Tamara y su familia pagan 51 euros al mes por ser beneficiarios hasta 2015 de las ayudas al alquiler pero, con la venta de los pisos de protección pública a las empresas privadas, al vencer la fecha de fin de contrato "las subvenciones desaparecen por no estar vinculada la vivienda con el Ivima, y el problema que tenemos es que la gente todavía no se lo cree", denuncia Mariano, tocayo y vecino indignado del anterior, y lo ratifica la abogada María José Vicente: "Una vez que se termine el plazo, estas viviendas pasan a formar parte de la ley de alquileres del mercado libre. La administración no puede hacer nada, se ha lavado las manos en la enajenación". En consecuencia, se vislumbra que la dependencia de las subvenciones, ahora mismo, es total: "Estamos haciendo virguerías para que coman los niños y, encima, juegan con el techo", declara la joven madre.

Por su parte, Mariano apuesta por que sólo hay dos maneras de paralizarlo: "O que no ganen las siguientes elecciones o pararlo en la calle" gracias al tejido social que se está creando entre asociaciones de vecinos de los diferentes distritos y "los partidos políticos que nos quieran echar una mano", propone.

Asimismo, no han dudado en presentarse ante la Justicia, por ello se centran en un recurso contencioso administrativo y en un procedimiento penal, que todavía están ideando. Incluso están acudiendo más allá de las fronteras: "Hemos ido al defensor del pueblo europeo y estamos con el Parlamento, aprovechando que hay directivas comunitarias que dicen que lo que se está haciendo con la vivienda social y pública en este país es nulo de pleno derecho", señala Vicente.

Sabiendo que este proceso judicial puede tardar "unos cinco años", tienen como misión "pedir la paralización temporal en vista a que haya una resolución definitiva", sentencia la abogada, porque es muy crítica "la situación de muchas más familias que se pueden ver literalmente en la calle por no poder afrontar el pago del alquiler", termina Mariano Martín. En este sentido, para concluir, se puede aludir al ensayo de F. Engels, titulado Contribución al problema de la vivienda, datado en 1872, e invitar al lector a la reflexión: "La industria de la construcción encuentra en la edificación de casas de alquiler elevado un campo de especulación infinitamente más favorable, y solamente por excepción construye casas para obreros" [...]. Lo cierto, sin embargo, es que ya hoy existen en las grandes ciudades edificios suficientes para remediar en seguida, si se les diese un empleo racional, toda verdadera penuria de la vivienda".