"La indefensión tras ser atacado por los Mossos es total"

Sergi García, auxiliar de cámara de 32 años en paro, acudió a una manifestación frente la sede del Partido Popular de Barcelona junto a su mujer y su hijo, el pasado 13 de julio. La jornada finalizó con Sergi arrestado en comisaria, donde permanecería durante dos días, acusado de daños, atentado, desobediencia y resistencia a la autoridad. Tras abandonar los calabozos, el joven acudió al juzgado de guardia para denunciar a los mismos agentes que le habían detenido por “detención ilegal, lesiones, amenazas, injurias, calumnias, torturas y trato degradante, falsedad documental, simulación de delito y denuncia falsa”.

Las acusaciones que pesan sobre Sergi García por parte de los Mossos d'Esquadra sorprenden a poca gente. Los cargos por “resistencia y atentado a la autoridad” son cada vez más habituales tras las detenciones efectuadas en las grandes manifestaciones ciudadanas, como señala la comisión de legal del 15-M. “Lo que no es tan habitual es que la gente reaccione y denuncie a la Policía”, aseguran desde la comisión. Sergi Garcia sí lo ha hecho, aunque asegura que ha sido una decisión “difícil”.  

Sergia García ha denunciado a 5 mossos por "torturas"

Gane o pierda. Sea condenado o indemnizado por la Justicia, la vida de Sergi García ya ha cambiado. Tres meses después de los incidentes, este joven asegura que no ha vuelto a acudir a ninguna manifestación y que siente “terror” cuando recuerda lo ocurrido. “Si te pegan una paliza, lo denuncias, y sabes que el agresor está por ahí suelto... Da miedo”, reconoce. Los hechos

Todo comenzó cuando la familia de Sergi abandonó la manifestación y Sergi se quedó a solas. Según reconoce el propio Sergi, sufrió “un calentón” que le llevó a encararse con los tres mossos  presentes en la manifestación y a increparles: “Mercenarios de mierda, hijos de puta. Tus hijos se van a morir de hambre igual que el mío”, relata el implicado en un video-denuncia publicado en diferentes plataformas web.  

El joven no ha vuelto a acudir a ninguna manifestación

Una vez terminada la manifestación, “unas tres horas más tarde de lo ocurrido”, el joven se dirigió hacia Plaza Catalunya para coger el metro con destino a casa. “Estaba mirando el móvil escribiendo a mi mujer. Iba a bajar la escalera del metro cuando apareció una placa de policía y oí: 'Estás detenido, policía'. O algo parecido. Iba a girarme, pero no pude ni darme la vuelta. Ya estaba en el suelo con mucha gente encima mío”, precisa Sergi, quien denuncia que en ese momento recibió “golpes por todos lados” e incluso un puñetazo en la cara del que identifica como el jefe de los mossos presentes en la manifestación.

Posteriormente, el joven fue trasladado a la Comisaría de Les Corts de Barcelona donde permaneció durante dos días. La denuncia presentada por Sergi García y su abogada recoge este momento de la siguiente manera: “Cinco agentes de los Mossos d’Esquadra sin explicación ni motivo alguno, lo abordaron de espaldas [a Sergi García], tirándole al suelo, golpeándole y pateándole por todo el cuerpo y deteniéndole, cuando únicamente estaba caminando hacia el tren, sin realizar ninguna conducta que racionalmente resultara motivadora de semejante agresión y vulneración de derechos. Posteriormente lo introdujeron en la patrulla insultándole y amenazándole, y permaneció detenido todo el fin de semana, hasta el domingo”.

La versión, no obstante, cambia radicalmente cuando se consulta a la otra parte. Se le acusa de daños, atentado, desobediencia y resistencia a la autoridad. Fuentes de los Mossos aseguran a este diario que en la detención de Sergi García “no usaron más que la fuerza estrictamente necesaria, como suele ser habitual”, aseguraron estas fuentes.  La versión de la Policía catalana recoge que Sergi rompió un coche de policía y que tras ser detenido se revolvió en el suelo agrediendo a los agentes.

“Resulta impensable que yo solo pueda agredir a cinco agentes. Es inverosímil”, asegura Sergi. Por ello, la denuncia que presenta la letrada de Sergi García, Andrea Accuosto, recoge que el motivo de las acusaciones de los Mossos se fundamenta “un intento de dar apariencia de justificación a unos hechos policiales de esa misma fecha, inadmisibles, por desproporcionados, violentos e injustificables”.

Posibles salidas

Una vez que las dos partes, Sergi García y los Mossos d'Esquadra, han presentado sus respectivas denuncias, el proceso aún se encuentra en fase de instrucción teniendo que declarar aún varios testigos en el mes de octubre. Por lo que, como asegura la letrada Andrea Accuosto, cualquier acercamiento a las posibles condenadas resulta “muy vaga” e incluso existe la posibilidad de que la Justicie condene el comportamiento de las dos partes.

Ambas partes podrían ser condenadas si se llega a juicioEl artículo 550 del Código Penal establece una pena de entre dos y cuatro años de cárcel por los delitos de atentado, desobediencia y resistencia a la autoridad. "Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas", recoge el artículo, mientras que la gravedad de la pena depende de si el imputado tiene antecedentes penales.

Por otro lado, si el Juzgado considerara que los Mossos han cometido el delito de tortura también podrían ingresar en prisión. El precedente más cercano remite también a la ciudad de Barcelona cuando la Audiencia ratificó en julio de 2011 la condena a dos años de cárcel a cuatro mossos por torturar a un ciudadano rumano. No obstante, el Gobierno los indultó parcialmente en el mes de febrero y redujo las condenas de seis a dos años y conmutó la inhabilitación —que les impedía volver a ejercer— por la de suspensión , por lo que estos Mossos condenados por la Audiencia de Barcelona por torturar a un ciudadano inocente volverán a ejercer.

Desde la comisión de legal de 15-M aseguran que este tipo de cargos suele terminar en penas de entre seis meses o un año de cárcel, por lo que el acusado pasa a tener antecedentes penales, o por el contrario, suelen ser absueltos en el caso de que la versión policial sea poco creíble o tenga lagunas.  

La resistencia pasiva no es atentado contra la autoridad
El pasado 11 de abril, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz hizo saltar todas las alarmas al adelantar que la reforma del Código Penal podría incluir la resistencia pasiva como atentado a la autoridad. La sola mención de esta medida generó gran ruido en las redes sociales que calificaron la medida como “totalitaria”. 
No obstante, el Gobierno ha dado marcha atrás en su intención inicial y no ha incluido esta medida en el informe previo al Anteproyecto de reforma del Código Penal.

Este informe recoge que las penas impuestas por resistencia pasiva no serán modificadas quedando establecidas entre seis meses y un año de cárcel. Asimismo, la falta de desobediencia desaparecerá del Código, pero se sancionará como infracción administrativa de la Ley de Seguridad Ciudadana.