El Ayuntamiento de Vic se apoya en un informe jurídico elaborado por el bufete de abogados Roca Junyent, que recientemente fichó al ex ministro Carlos Solchaga como consejero asesor, para justificar su decisión de no permitir el empadronamiento a los inmigrantes irregulares. 

Según este informe, encargado por el Consistorio, su actuación 'no puede ser tildada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley'. Este documento ha sido la base para que el Ayuntamiento de Vic remitiera una instancia a la subdelegación del Gobierno en Barcelona dirigida al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que le piden que informe por escrito sobre 'los requisitos sobre los pasaportes para el empadronamiento de ciudadanos no comunitarios'. 

En la instancia, el alcalde, Josp Maria Vila D'Abadal, asegura que el Ayuntamiento pide un pasaporte en vigor a los ciudadanos extranjeros 'en cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios' y que se produce un 'estricto cumplimiento de la legalidad' al aplicarse el 'artículo 25 de la Ley 4/2000 que regula los Derechos y las Libertades de los Extranjeros en España y su integración social'. Este artículo distinguiría entre 'extranjeros procedentes de un estado miembro de la UE y los que no lo son'. 

El Ayuntamiento pide a Interior que le informe sobre los requisitos sobre los pasaportes para ilegales

Para los que no proceden de un estado miembro, continúa la instancia, 'es preciso que el pasaporte se acompañe del preceptivo visado'. Añade que en la misma norma se asegura que el visado habilita a los extranjeros a permanecer en España y atribuye a los visados de residencia la habilitación para residir en España.

Según el Consistorio, estas disposiciones están relacionadas con el artículo 15 de Ley de Bases de Régimen Local, que establece la inscripción en el padrón municipal 'como una obligación de todos los que residen habitualmente en un municipio de España'.

La instancia señala que en los últimos días varias voces 'presumiblemente autorizadas' han mostrado su discrepancia con la propuesta de Vic, 'ajustada en todo caso a la más estricta y fiel interpretación de las normales legales aplicables', incluso las comunitarias sobre exigencia, efectos y características de los visados emitidos por los estados miembros de la UE.

El alcalde defiende que no corresponde al Ayuntamiento de Vic interpretar qué pasaportes pueden considerarse válidos, por lo que reclama al Ministerio del Interior que le informe sobre si tienen que considerar como válido y suficiente un pasaporte sin visado en el caso de extranjeros que no pertenecen a la UE y que quieran inscribirse en el padrón.

Además, pide al Ministerio información sobre la respuesta a la consulta para poder validar la actuación de la corporación municipal, 'o señalar en todo caso cuál tiene que ser la que se corresponda al más estricto cumplimiento de las normas legales, internas y comunitarias, que resultan de aplicación'.