IU pide a la Fiscalía que actúe contra quienes tienen cuentas en Suiza

Tras el fiasco de la amnistía fiscal del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la pasividad que está demostrando el Gobierno en la lucha contra la evasión fiscal, Izquierda Unida ha dado un paso adelante este lunes presentando una denuncia por escrito ante la Fiscalía General del Estado (ver PDF) en la que exige que se investigue y persiga a los evasores que constan en la conocida como lista Falciani y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene en su poder.

Para el coordinador federal de IU, Cayo Lara, es incomprensible que en el contexto de crisis económica actual, el Gobierno haya obviado el contenido de dicha lista y esté centrando toda su política contra el fraude en los "autónomos profesionales liberales y trabajadores cuyo fraude sólo representa el 8% del total" según señalan los datos de la Agencia Tributaria. De este modo, IU hace suya la campaña iniciada por Público hace ya varias semanas reclamando al Gobierno la lista de todos esos evasores fiscales a través de una pregunta que se ha difundido por Facebook y demás redes sociales: "Señores ministros: ¿Quiénes son los que nos están robando?"

La iniciativa de este diario y la denuncia de IU hacen referencia a las identidades de más de un millar de españoles con cuentas cifradas en la sede del banco HSBC en Ginebra Suiza, y cuya identidad conocen las autoridades españolas desde 2010, cuando la entonces ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde -hoy directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional-, entregó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero el listado de esos evasores de capitales que proporcionó a Francia el informático Hervé Daniel Falciani.

Antes el PSOE y ahora el PP han manejado la lista con total oscurantismo, negándose a publicar los nombres de los evasores ya que están amparados por la Ley Tributaria. No obstante, y pese a contar con todos los datos necesarios para perseguirlos legalmente, el Ministerio se limitó a abrir un proceso de regularización en 2010 que, como la citada amnistía de Montoro, fue un sonoro fracaso. De los 659 presuntos evasores sólo salieron a la luz 300 y el importe que ingresó el Estado por el ajuste de cuentas con el Fisco no superó los 260 millones de euros, cuando se esperaba que el valor total de las cuentas rozaba los 6.000 millones.

Para más inri, la mayor parte, 200 millones provenían de la regularización a la que se sometió el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y 12 familiares. ¿Quiénes son los restantes 647? Esto se pregunta IU, que fundamenta su denuncia ante la Fiscalía en que "dada la notoriedad pública que pudieran tener algunas de estas personas, son evidentes los riesgos de alarma social". Cayo Lara repasa en su escrito algunos datos e informes difundidos por el sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, que ha denunciado en varias ocasiones que las grandes empresas y las grandes fortunas son los principales responsables de la evasión de capitales con una cifra que rondó los 43.000 millones de euros en 2010.

El escrito presentado por Lara, advierte de que "el artículo 124 de la Constitución Española atribuye al Ministerio Fiscal la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público", por tanto, exige que "a la vista de los hechos expuestos y tomando como punto de partida la información contenida en los documentos y en las declaraciones, como la del propio Señor Falciani [...] debiera abrirse por parte del Ministerio Público, con la mayor celeridad posible y empleando todos los recursos a su alcance, una investigación en profundidad de todas aquellas personas y sociedades mercantiles, que pudieran poseer cuentas opacas en paraísos fiscales o en Suiza".

Otro de los puntos de la denuncia de IU hace referencia, sin nombrarlo, al caso Palau y las supuestas cuentas en Suiza que pudieran tener los líderes de Convergència i Uniò, Artur Mas y Jordi Pujol, polémica que copó la fase final de las elecciones al Parlament de Catalunya.

IU ya preguntó el pasado mes de agosto al Gobierno sobre Falciani. El informático francoitaliano se encuentra detenido en España y Suiza ha solicitado su extradición para juzgarlo por revelación de secretos. El caso está en la Sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que debe decidir si es pertinente devolverlo a las autoridades suizas. Cuando se tome la decisión, la Audiencia se lo comunicará al Consejo de Ministros, que tendrá la última palabra. La respuesta que obtuvo Llamazares a aquella pregunta fue muy poco clara y el Ejecutivo se limitó a decir que hasta que la Audiencia no se pronuncie, no se sabrá nada más.