Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG plantearán este martes en el Pleno del Congreso una reforma de la Ley de Referéndum, que data de 1980, para abrir la puerta a celebrar una consulta ciudadana sobre los recortes acometidos por el Gobierno desde su llegada al poder, una idea defendida también por los sindicatos en la huelga general del pasado 14 de noviembre. En la proposición de ley se argumenta que las medidas anunciadas por Rajoy el pasado 11 de julio -entre las que figuraba la retirada de la paga extra a los funcionarios y la subida del IVA-, son 'muy similares' a las que adoptaron Grecia, Portugal e Irlanda, y que supusieron un 'fracaso', y son, además, 'socialmente injustas y de extrema gravedad' para la ciudadnía.

A su juicio, el Gobierno está aplicando 'con mano de hierro' estos recortes pero carece de legitimidad para ello por cuanto que esas medidas 'no cuentan con el aval democrático de los electores' al no estar contempladas en el programa con el que el PP concurrió a las generales hace ahora un año. De hecho, destacan que alguna de las medidas adoptadas, como el incremento de los tipos en el IVA, 'contradice abiertamente' los compromisos electorales del PP.

De ahí, apuntan, la necesidad de que los ciudadanos, en tanto que depositarios de la soberanía, 'tomen la palabra y se pronuncien sobre este programa de recortes'. 'Es necesaria la convocatoria de un referéndum que dé voz a la ciudadanía para que se pronuncie sobre unas medidas que están empeorando muchos de sus derechos', indican.

Para abrir estos 'canales de participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones', la idea que proponen pasa por desarrollar el artículo 92 de la Constitución, que establece la posibilidad de que las decisiones políticas de especial trascendencia puedan ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

En concreto, abogan por reformar la Ley de Referéndum para introducir la obligatoriedad del presidente del Gobierno de someter a consulta las cuestiones que afectan a derechos económicos, sociales y laborales. 'Es el momento de aplicar más democracia, dejando que sean los ciudadanos los que tomen la palabra y se pronuncien sobre decisiones vitales que van a afectar de manera decisiva a su futuro --proclaman--. Es el momento de dejar de aplicar el rodillo de la mayoría absoluta y contar con los habitantes del Estado español, de incrementar la calidad democrática'.

En la misma sesión plenaria, Izquierda Unida propondrá poner en marcha un mecanismo para controlar el contenido de los programas con los que los partidos se presentan a las elecciones que incluya la posibilidad de revocar a aquellos políticos que lo incumplan. Éste es uno de los puntos que el grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha incluido en la moción, que es consecuencia de la interpelación que su portavoz, José Luis Centella, planteó a finales de octubre a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

En el mismo texto, la federación de izquierdas emplaza al Ejecutivo a reformar las condiciones laborales de todos los cargos públicos, de manera que se incluyan en el Régimen General de la Seguridad Social, y que fije los salarios de todos ellos, incluidos diputados, senadores, alcaldes y concejales, y que realice un control rígido de las incompatibildades.

También plantea, entre otras medidas, modificar la Ley Electoral vigente para hacerla más justa, reformas legales para hacer efectivos todos los artículos de la Constitución, regular la convocatoria de referendos vinculantes, mejoras en las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) y la 'desvinculación total del Estado con cualquier confesión religiosa'.

Y para analizar estas propuestas y otras que pudieran presentar otros grupos de la oposición, el texto de IU propone la puesta en marcha de una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso para que durante un año en la misma se estudien las reformas legales o medidas que debieran tomarse para revitalizar el sistema democrático. Dicho órgano parlamentario, en el que IU sugiere que puedan participar colectivos sociales y ciudadanos, debería servir para encontrar fórmulas que profundicen en la participación directa de la ciudadanía en la vida política y mejoren la identificación entre representantes y representados y del propio funcionamiento del Congreso.

Por último, el grupo parlamentario que capitanea Cayo Lara aprovecha su iniciativa para pedir que el hemiciclo reconozca formalmente que el pasado 25 de septiembre, cuando tuvo lugar la primera protesta de 'Rodea el Congreso', no se alteró el funcionamiento normal de la Cámara y para instar a la no criminalización de los movimientos ciudadanos que se manifistan contra las consecuencias de la crisis.