Jornada de protestas por la retirada de la sanidad a los 'sin papeles'

Centenares de personas (al menos, medio millar, según los convocantes) se han concentrado a mediodía este sábado en Madrid, frente al Hospital Greogorio Marañon, para reclamar "Sanidad para todos", y en  protesta por la entrada en vigor de la norma que deja sin tarjeta sanitaria a decenas de miles de inmigrantes sin papeles, una decisión que han calificado de "apartheid sanitario" y de "xenófoba".

La concentración estaba convocada por la Red por el Derecho a Tener Derecho, que aglutina a una treintena de organizaciones y colectivos de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y refugiados y de defensa de los derechos humanos. Los asistentes, muchos de ellos extranjeros que residen en España, han coreado proclamas como "No son recortes, es xenofobia", "Ningún ser humano es ilegal" o "Partido Popular, Ku Klus Klan", al tiempo que han pedido la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato. También han portado pancartas en las que se podía leer "No a las medidas discriminatorias y racistas" o "Recortes en Sanidad = muerte".

El acto principal de la concentración ha sido una una cadena humana formada por los asistentes, que cogidos de la mano, han rodeado centro hospitalario.

Cadena humana frente al Gregorio Marañón. FOTO: J.C. HIDALGO (EFE)

"No son recortes, son ejecuciones"

Mientras se gritaba "no son recortes, son ejecuciones", los asistentes han escenificado la supuesta desatención que van a sufrir a partir de ahora cayendo desfallecidos en el suelo, con la música de fondo de una ambulancia que nunca llegaba. Finalmente, han rodeado el hospital unidos por sus manos.

En la calle Doctor Esquerdo, donde se ha desarrollado la concentración, el tráfico se ha visto interrumpido varias veces, por lo que los agentes de la Policía Nacional se han visto obligados a exigir a la gente que desalojara la vía, especialmente ante la imposibilidad de las ambulancias de acceder al centro sanitario. Al mismo tiempo, los organizadores han pedido a los indocumentados que obedecieran sus órdenes dado el peligro de que si tenían conflictos con los agentes pudieran ser expulsados del país.

Yoro, de 22 años y procedente de Gambia, ha querido hablar en nombre de su mejor amigo, que padece cáncer de hígado y que no tiene papeles, ante el temor de que se quede sin tratamiento. "Vamos a morir si no nos atienden, el Gobierno tiene que rectificar, no puede abandonarnos a nuestra suerte porque no tenemos dinero para pagar los tratamientos", ha declarado este joven a Efe.

Un inmigrante senegalés de 30 años, de nombre Fallou, rodeado de un grupo de amigos indocumentados y sin trabajo, ha pedido a las autoridades sanitarias que no les dejen "tirados" porque han llegado a España buscando "una situación mejor" y no tienen "a donde ir". "Si tenemos enfermedades infecciosas y no nos tratan, al final se va a contagiar más gente y el problema va a ser peor", ha aseverado, para agregar que cuando lleguen a urgencias "lo mismo es demasiado tarde".

Desde Médicos del Mundo, un portavoz, Mario Pérez, ha exigido al Ejecutivo la derogación del decreto porque vulnera el derecho a la salud, además de advertir de que "se van a colapsar las urgencias" ahora que los inmigrantes irregulares no tienen otro lugar al que acudir, generando "gasto en lugar de ahorro". Para este médico, las personas con enfermedades graves quedarán abocadas a una posible muerte mientras que las que tienen infecciones llegarán tarde a las urgencias, con el consiguiente daño para la salud de la población general.

Apoyo de diputados del PSOE y de IU

A la protesta se ha sumado la secretaria ejecutiva de Cooperación e Inmigración del PSOE, Marisol Pérez, quien ha solicitado al Ejecutivo que "rectifique" y ponga fin a este "apartheid sanitario", que ha tachado de "cruel, inhumano e ineficaz", ya que, a su juicio, no reportará ningún beneficio económico a la Sanidad pública.

Diputados de IU en la Asamblea de Madrid, como el portavoz de Inmigración, Mauricio Valiente, han denunciado que "se va a privar a una parte de la población que vive en el Estado Español de un derecho humano fundamental". Ambos dirigentes políticos se han referido a que el Gobierno debe tomar nota de la "rebeldía" de las comunidades autónomas ante esta decisión, incluidas algunas gobernadas por el PP, y devolver a la Sanidad pública su carácter de "universal y gratuita".

Movilizaciones en otras ciudades

Este acto de protesta, al que se han sumado otros en diversas ciudades de España, representa el comienzo de una campaña en defensa del derecho a la salud de los inmigrantes "sin papeles" con la que esperan conseguir que Sanidad anule este decreto aprobado en abril. Para el sábado estaban convocadas concentraciones en otras ciudades como Valencia, Burgos, Lanzarote,  y Las Palmas de Gran Canaria.

El día 13 de septiembre hay convocada además una acampada en los alrededores del Hospital La Paz (Madrid) en la que están involucrados tanto los colectivos de inmigrantes como el personal sanitario de la región. No obstante, las entidades afirman que se producirán más convocatorias, ya que "la lucha va a ser muy larga".

El Defensor del Paciente pide al Defensor del Pueblo que intervenga

El Defensor del Paciente ha enviado una carta al Defensor del Pueblo en la que le pide que intervenga y presente un recurso de inconstitucionalidad ante la "violación de derechos" que supone la no asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Además, advierte de los "numerosos colapsos" que se van a producir en los servicios de urgencias, ya que, su parecer, imponer una tasa para acceder a la sanidad pública será infructuoso en el 99% de los inmigrantes, que viven de trabajos que no les reportan ingresos para mantenerse, lo que supone "importantes visitas" a las urgencias por cualquier eventualidad.

Estas visitas, según el Defensor del Paciente, supondrán un gasto mayor que si fueran atendidos como en la actualidad. "La incoherencia y precipitación tendrán en este caso un efecto boomerang que  perjudicará a la salud  de todos los ciudadanos en general y a las arcas públicas en particular", alerta.

Así, vuelve a solicitar la intervención del Defensor del Pueblo para que presente un recurso anticonstitucional y evite la falta de atención de personas que viven en España. "Esperamos que usted, como representante de la protección de todos los ciudadanos sin distinción, tome las medidas necesarias para acabar  con este tipo de cosas", finaliza la misiva, en la que también advierten de que la semana que viene interpondrán una denuncia contra esta "barbarie" que se está cometiendo.