En una vuelta de tuerca que complica aún más el enrevesado debate sobre si la judicatura tiene o no derecho a huelga, los jueces de Las Palmas y Tarragona enviaron el viernes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sendas comunicaciones en las que notifican al órgano de gobierno de la magistratura no sólo la convocatoria de huelga de 24 horas para el día 18 sino, también, los servicios mínimos que se cubrirán.

Ayer, tras una reunión con las cuatro asociaciones judiciales, la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, dio a los periodistas una pista sobre esta inédita tesitura, en la que las mismas personas asumen el papel de huelguistas y el de árbitros encargados de determinar qué servicios deben cubrirse de manera inexorable. En una entrevista con Público, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ya alertó ayer del riesgo de que se diera esa paradoja. Bermejo anunció que el Ministerio está “reflexionando” sobre la conveniencia de prohibir por ley las huelgas de jueces, un anuncio que ayer criticaron las cuatro asociaciones del sector.

En las comunicaciones remitidas desde Las Palmas y Tarragona, los jueces “piden que se fijen unos servicios mínimos o, en todo caso, establecen ya ellos cuáles deberían ser”, explicó Bravo. Fuentes del Consejo confirmaron más tarde que, en efecto, los servicios mínimos aparecen ya fijados por los futuros huelguistas y añadieron que los promotores de la protesta han hecho llegar otra copia al Ministerio de Justicia.

Las dos comunicaciones citadas son las primeras de la que se presupone una larga cadena. La amenaza de huelga ha visto multiplicada su magnitud sumarse, el pasado viernes dos de las cuatro asociaciones del sector –la Francisco de Vitoria, segunda en afiliados; y el Foro Judicial Independiente– a la convocatoria, que ya contaba con el sustento de la magistratura de una treintena de ciudades, entre ellas Madrid y Barcelona.

En esta nueva deriva del conflicto, el Consejo endureció ayer el tono y el mensaje respecto a la huelga.

Si el 22 de enero  lanzó una declaración institucional en la que “lamentaba” los perjuicios que pudieran derivarse para los ciudadanos, ayer atornilló su

desautorización al subrayar que, como órgano de gobierno de los jueces, es “responsable” de garantizar “el normal funcionamiento” de los tribunales y el derecho ciudadano a la tutela judicial efectiva. En resumen, decidirá en cuestión de días  y mediante la cele un pleno extraordinario –el jueves o el lunes, avanzó Bravo-–si la huelga “procede o no”.  De momento, la portavoz ya enfatizó ayer que, “lógicamente”, el Consejo

“desaprueba” cualquier medida de presión por parte de los jueces, cuyas reivindicaciones considera, no obstante, justas.

De lo dicho por Bravo se desprende que el Consejo podría optar por un camino sinuoso que le permitiera condenar la huelga por ilegal sin utilizar tal calificativo. ¿Cómo? La portavoz lo sugirió: el Consejo no emitirá “dictámenes jurídicos” pero dilucidará “si concurren los requisitos legales” para establecer servicios mínimos. Si no concurren, eso implicará que el CGPJ cree ilegal la huelga.

Aunque no hay cálculo exacto, el paro tiene en principio el respaldo de los 800 jueces que la votaron en asamblea y de los casi 800 afiliados que suman las dos asociaciones convocantes. En España hay 4.500 jueces.