La astronómica fianza de un millón de euros impuesta al alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes, de IU, por presuntas calumnias a Francisco Hernando, El Pocero, no ha sobrevivido ni un día al incipiente escándalo. La juez ha rectificado lo que califica de 'error' involuntario. Y, ahora, cifra en 10.000 euros la fianza de Fuentes, el hombre que denunció ante Anticorrupción el caso de El Quiñón, una auténtica ciudad paralela a Seseña diseñada en pleno erial manchego.Ahí, El Pocero planeaba construir 13.500 viviendas, el doble de los habitantes que entonces , 2003, tenía el municipio.

Ayer, la misma juez que había decretado contra Fuentes una fianza sin precedente conocido en casos por calumnias, se corrigió a sí misma: un 'error material informático', dice en su segundo auto Carolina Hidalgo, titular del juzgado número 1 de Illescas, provocó que donde debía decir 10.000 euros, apareciese escrito 1.000.000. En el primer auto, donde la juez abre juicio a Fuentes, la cifra correspondiente al millón figuraba escrita con los puntos colocados en el orden correcto. El primer despacho de la agencia Efe sobre la fianza millonaria llegó el miércoles a las 17.27 horas. El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha difundió el auto de rectificación de la juez ayer a las 13.25. El coordinador de IU, Cayo Lara, confesó albergar 'dudas razonables' de que la rectificación 'haya sido un error'. También podría obedecer a la 'presión popular', dijo.

El millón de euros es la misma cifra que El Pocero pide como indemnización

Un millón es lo que El Pocero exige de indemnización a Fuentes, contra quien mantiene una guerra judicial. Lo acusa de calumnias porque, en una entrevista, Fuentes aseguró que El Pocero le había dicho que era el único alcalde honrado que conocía y que le salía barato. El Pocero sostiene que Fuentes lo tildó de sobornador.

El alud de querellas de El Pocero una docena comenzó después de que, en 2006, Fuentes contase por escrito a la Fiscalía Anticorrupción sus sospechas sobre la vertiginosa aprobación del plan de El Quiñón. Aquella iniciativa terminó colocando ante el juez a su antecesor, José Luis Martín, alcalde de Seseña hasta 2003 y ahora expulsado del PSOE.

La juez ha desoído la reclamación de IU para que declare la constructora

Martín está imputado a instancias de Anticorrupción desde julio de 2008. Se le atribuye prevaricación, delito fiscal y cohecho. El cohecho (soborno) constituye un delito imposible de cometer en solitario. Pero la juez que investiga el caso, la titular del juzgado número 4 de Illescas, no ha encontrado en año y medio a ningún presunto sobornador.

En su denuncia, la Fiscalía Anticorrupción establecía un nexo temporal entre la tramitación del plan de El Quiñón y el súbito enriquecimiento de Martín, que llegó a manejar 670.000 euros de origen desconocido. La propuesta urbanística llegó al Ayuntamiento de Seseña en noviembre de 2002. El 8 de mayo de 2003, tres semanas antes de las elecciones municipales, el consistorio ya había aprobado el programa de actuación urbanística (PAU) de El Quiñón y el convenio urbanístico con Onde 2000 SL, la empresa de El Pocero. IU, que ejerce la acusación popular, ha pedido con reiteración y sin éxito a la magistrada que cite como testigos a los responsables de Onde 2000 que participaron en la gestación del plan. Según IU, la Fiscalía no se ha adherido a la petición aunque tampoco la ha rechazado.

Fuentes, que conoció la drástica rebaja de fianza a través de este diario, reaccionó primero con incredulidad y, luego, con alivio. 'Si te dicen que te van a cortar la cabeza y luego te cuentan que lo que te van a cortar es un dedo, te sientes mejor, pero yo no quiero que me corten el dedo porque no he cometido ningún delito', ejemplificó en una conversación posterior. El regidor ya tuvo que abonar otra fianza de 133.000 euros, impuesta igualmente a instancias de El Pocero.