El juez imputa a la cúpula militar que contrató el Yak-42

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha citado a declarar en junio a los cinco primeros imputados que se producen en la causa en la que se investigan las irregularidades detectadas en la contratación del Yak-42, que se estrelló en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003.

Los imputados por “un delito de imprudencia grave con resultado de distintas muertes” –las de los 62 militares que viajaban en el aparato– son los cinco militares que solicitó el teniente fiscal Fernando Burgos, tras estudiar la veintena de imputaciones planteadas por las familias de los militares fallecidos. La acusación que ejerce la asociación mayoritaria solicitó también la del ex ministro Federico Trillo.Grande-Marlaska explica en su auto detalladamente las condiciones necesarias para imputar un delito que se comete por haber omitido alguna obligación o deber, para descartar el resto de imputaciones planteadas por las familias, incluida, sin encionarla, la de Trillo.

No ser garantes

Señala que “teniendo en cuenta los hechos imputados, dependiendo la imputación de la posición ostentada bien por disposición legal, bien en aras al contrato con la agencia NAMSA, bien por la creación de la previa situación de riesgo de la cual deriva el hecho, no ha lugar a extender la imputación al resto de personas citadas por las partes” porque no eran “garantes” de la seguridad exigible para transportar a militares españoles.

Así, las imputaciones acordadas por el juez quedan constreñidas al jefe del Estado Mayor de la Defensa cuando se produjo el siniestro, el almirante general Antonio Moreno Barberá; el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), Juan Luis Ibarreta; el jefe de División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, José Antonio Martínez Sáinz-Rozas, y otros dos miembros de este grupo, el coronel Joaquín Yáñez González y el comandante Alfonso Elías Lorenzo. Los dos primeros declararán ante el juez el 23 de junio y los otros tres, al día siguiente.

Controlar el cumplimiento

El juez recuerda que la Comisión Internacional de Investigación de 29 de julio de 2005 describió como causas del siniestro una serie de circunstancias imputables a la empresa ucraniana UM AIR, que explotaba el Yak, como que la tripulación no tenía el entrenamiento necesario y que desconocía el aeropuerto de Trabzon. Pero es el EMACON quien contrata con NAMSA –la Agencia de Abastecimiento y Mantenimiento de la OTAN–.En el texto firmado, se establece que ésta evitará que la nave sea sustituida sin su consentimiento, que conocerá las condiciones del aeropuerto de destino y que utilizará tripulaciones con las licencias oportunas.

Los imputados omitieron, según el auto, la conducta que se les exigía de “control efectivo del cumplimiento del contrato de ventas suscrito con NAMSA, relativo al traslado de tropas españolas desplazadas en Afganistán”.

El juez añade que ello “sin perjuicio de la investigación sobre el abono del precio y su destino efectivo”. Defensa pagó 149.000 euros y UM AIR cobró sólo 38.422. El resto se perdió en intermediarios.

"Satisfacción parcial" entre los familiares

La asociación mayoritaria de familiares de fallecidos en el Yak-42, que preside Pacho González Castilla (en la imagen), mostró ayer su satisfacción parcial" por el auto. Según el abogado del colectivo, Leopoldo Gay, "hay la misma coherencia para imputar a estos cinco militares como para imputar al resto" de los solicitados por las familias, entre los que se encuentra el ex ministro de Defensa Federico Trillo. EP

Dos causas con distinta suerte por el mismo suceso

Una única querella
La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42 presentó una querella en la Audiencia Nacional para esclarecer las circunstancias que rodearon el siniestro. Fue archivada por la entonces instructora de la causa, Teresa Palacios, pero la Sala de lo Penal ordenó reabrir la investigación, como volvió a hacer después.

Identificación y contrato
La causa se separó en dos partes. En una, se investiga la identificación errónea de 30 de los 62 cadáveres y en la otra, las supuestas irregularidades cometidas en la contratación del Yakovlev-42.

Primeros imputados
La relativa a las identificaciones erróneas tuvo imputados desde casi el primer momento. El general Vicente Carlos Navarro y el resto de la delegación militar que se desplazó a Turquía para repatriar los cadáveres. Aún así fue archivada por el juez Grande-Marlaska en noviembre pasado. La Sala de lo Penal la reabrió el pasado 28 de abril para que Navarro y dos oficiales médicos sean juzgados.

Casi cinco años
A punto de cumplirse cinco años desde que se produjo el accidente, las acusaciones presentaron una batería de imputaciones en la causa de la contratación en la que nunca hubo nadie acusado. El juez ha aceptado la de cinco militares.