Un juez obliga a una inmobiliaria denunciada por acoso a reformar el edificio

Un juez de Barcelona ha condenado a una inmobiliaria denunciada por un grupo de ocho vecinos por acoso inmobiliario a rehabilitar a fondo el edificio, situado en la calle Enric Granados de Barcelona, ya que se encuentra en un estado muy deteriorado, como lo atestigua la presencia de ratas.

Tras casi cuatro años de demandas y recursos judiciales interpustos por ambas partes, el juzgado de primera instancia número 9 de Barcelona ha condenado finalmente a Inmuebles en Renta SA, filial del grupo Sacyr-Vallehermoso, a acometer una reforma estructural del bloque, desratizar el edificio, rehabilitar las instalaciones de agua, gas y luz y aplicar un tratamiento anti-termitas.

El juzgado obliga asimismo a los vecinos a permitir la entrada de los operarios que lleven a cabo las obras -la inmobiliaria había denunciado que se oponían a su presencia-, si bien les reconoce su derecho a reclamar la reducción de la renta si su piso está más de 40 días en obras.

Extorsión 

El bloque está situado en el número 147 de la calle Enric Granados, donde un grupo de ocho vecinos, en su mayoría ancianos -de los que uno ya ha fallecido-, denunciaron que sufrían "métodos de extorsión" y "presión psicológica" por parte de la inmobiliaria, que adquirió el edificio hace seis años, para echarlos del inmueble.

Los inquilinos tienen contratos de renta antigua y pagan por el alquiler una media de 150 euros al mes.

Según los vecinos, la inmobiliaria levantó cuatro sobre-techos sin cubrirlos y mantenía abandonados los pisos superiores, sin el más mínimo mantenimiento.

La rotura y no reparación de un desagüe de los bajos del edificio llevó una plaga de ratas que invadió todo el inmueble

Además, la rotura y no reparación de un desagüe de los bajos del edificio llevó una plaga de ratas que invadió todo el inmueble, según pudo comprobar un perito judicial que inspeccionó el edificio.

Según los vecinos, la inmobiliaria, tras comprar el bloque, pidió al ayuntamiento que lo declarara en ruina para poder derribarlo, lo que el consistorio denegó. Ahora, tras la sentencia judicial, tendrá que reformarlo a fondo.