El juez prepara la subasta del palacete de Matas

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Palma ha requerido al expresident del Govern balear Jaume Matas para que en 30 días abone los en torno a cuatro millones que debe al Banco de Valencia. Matas adeuda el dinero a esa entidad bancaria por el préstamo que le concedió para hacer frente a la fianza penal de tres millones que el juez del caso Palma Arena le impuso en marzo de 2010.

Si Matas no paga en un mes, el juzgado sacará a subasta distintos bienes del expresidente. El más conspicuo, la vivienda conocida como el palacete de la calle Sant Felio, un inmueble de más de 500 metros cuadrados situado en el centro histórico de Palma. Según fuentes cercanas al caso, Matas ni siquiera habría satisfecho el coste de la escritura de constitución del préstamo.

Incluso si pudiese afrontar semejante desembolso, la situación es diabólica para el expresidente del PP balear: porque, de entregar el dinero, se confirmarían las sospechas de que ocultó fondos ilícitos.

Desde hace dos meses, Matas está sujeto a una segunda fianza, esta de 1,6 millones y de carácter civil. El objetivo, garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias exigibles si se le condena por abonar al arquitecto Santiago Calatrava 1,2 millones a cambio de un proyecto fantasma, el de la Ópera de Palma.

La amenaza de subasta afecta a un local comercial que la familia posee en la capital palmesana. Algunas fuentes indicaron ayer que el piso donde reside la madre de Matas también podría figurar en el lote.

Cuando, en marzo de 2010, el juez José Castro interrogó al expresident Matas confesó que había hurtado dinero a Hacienda en un intento por disipar así las sospechas de que había cobrado sobornos. Ese dinero que ocultó al fisco, dijo entonces, procedía del alquiler de ese local comercial. El juez no se lo creyó y mantuvo vigente la acusación de cohecho.

Que el Banco de Valencia reclame ahora la amortización anticipada del préstamo devuelve a la palestra la extraña fórmula a que acudió el exdirigente conservador para afrontar la fianza de tres millones.

Lo usual, y así lo subrayaron hace un año fuentes del caso, es que el imputado a quien se impone una caución económica como garantía de que no huirá deposite un aval bancario. Matas no lo hizo así: pagó la fianza con dinero real prestado por Banco de Valencia, entidad ligada a Bancaja. El presidente de Bancaja y de Banco de Valencia es José Luis Olivas, quien presidió la Generalitat en nombre del PP durante un breve periodo antes de que Francisco Camps asumiera el cargo en junio de 2003.

Desde que Matas fue imputado en el caso Palma Arena, los socialistas valencianos y el grupo de Compromís no han cesado de clamar en el desierto para que la Generalitat retire a Matas la condición de "embajador de la Comunidad Valenciana".

El cargo, lógicamente, no atribuye a Matas ninguna de las prerrogativas del cuerpo diplomático convencional. Pero le convierte en emisario del País Valencià en el extranjero. Sus gestiones desde que asumió ese puesto en diciembre de 2003 resultan desconocidas. El Ejecutivo de Camps nunca ha respondido a las exigencias de explicaciones planteadas por los grupos opositores.