Nueve meses y medio después de que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, pusiera 'la mano en el fuego' por su viceconsejero de Transportes, Luis Armada, el juez del 'caso Guateque' ratificó el miércoles su imputación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Tras conocer el auto, el portavoz socialista en el ayuntamiento de Madrid, David Lucas, exigió al PP que asuma sus 'responsabilidades políticas' y fuerce el cese de Armada, que ya declaró como imputado ante el juez el pasado 23 de enero.

Destapado hace un año, el caso Guateque ha sacado a la luz  lo que se presume como la mayor trama de corrupción municipal en la historia democrática del ayuntamiento de Madrid. Sus supuestos integrantes agilizaban licencias a cambio de sobornos. El número de imputados se eleva ya a 42, y entre ellos, además de Armada, hay otro cargo político: el edil del PP Íñigo Henríquez de Luna, imputado en el llamado caso Becara, una ramificación del Guateque.

Armada había pedido el sobreseimiento de la causa en lo que a sí mismo concierne. El fiscal apoyó su petición, pero el instructor del caso, el juez Santiago Torres, considera que el motivo clave para su imputación sigue sin haberse esclarecido. Y ese motivo se remonta a 1991, cuando Armada, que ocupaba el puesto de gerente municipal de urbanismo de Madrid, firmó una licencia para obras en un edificio protegido en el que poseía un piso de su propiedad.

La licencia, subraya el juez, se tramitó con 'singular agilidad' de una manera 'anormalmente rápida'. Se pidió el 30 de abril de 2001 y se otorgó, con firma de Armada, el 1 de junio de ese año.

Quien la solicitó fue su tío. Y su sobrina firmó elproyecto de obras de consolidación de la finca, situada en la céntrica calle de La Bola. Ocho días después de que se pidiera la licencia, la comisión conjunta de Patrimonio (Ayuntamiento-Comunidad) informó favorablemente.  El 22 de mayo, la comisión municipal de patrimonio dio su visto bueno. Y el 1 de junio Armada rubrió la licencia.  

Según el juez, no se ha determinado si el ex gerente y hoy viceconsejero participó en la reunión conjunta de Patrimonio. Si lo hizo, alega el auto, pudo incurrir en negociaciones prohibidas a funcionarios (abuso de autoridad). Y pudo también haber cometido otro de tráfico de influencias para beneficiarse a sí mismo y a su familia.