La jueza de los ERE investiga ayudas aprobadas por un exconsejero andaluz

La jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con dinero público, ha ordenado a la Junta de Andalucía que le entregue los expedientes de ayudas económicas concedidas a seis ayuntamientos y dieciocho empresas entre 2003 y 2010 por valor de más de 16 millones.

La decisión supone una nueva ampliación de la investigación del caso y pone bajo el foco judicial a José Antonio Viera, exconsejero de Empleo y líder de los socialistas sevillanos, al que el PP acusa de haber participado directamente en el reparto arbitrario de fondos públicos sobre todo en los dos años, 2003 y 2004, por los que ahora se interesa especialmente Alaya.

El PP denunció en septiembre que José Antonio Viera, secretario general del PSOE de Sevilla y número dos de la lista socialista al Congreso en esta provincia, firmó como presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), en enero de 2004, ayudas para ayuntamientos socialistas y empresas procedentes de la partida presupuestaria 31L, 647 millones de euros que el que fuera director de Empleo Francisco Javier Guerrero llegó a calificar como "fondo de reptiles". Viera fue consejero de Empleo entre 2000 y 2004, con Guerrero bajo sus órdenes, una época en la qu e las investigaciones policial y judicial han detectado falta de control en el procedimiento de reparto de los fondos.

Tras aportar el PP la semana pasada la documentación contra Viera, la jueza pide en un auto de 27 de septiembre datos sobre ayudas concedidas a los ayuntamientos sevillanos de Camas (60.101,21 euros en 2003), Coria del Río (132.121 euros en 2003), Alcolea del Río (120.000 euros en 2003 y 2004) y Puebla del Río (78.130 euros en 2003) y los gaditanos de Chiclana (24.000 euros en 2003) y La Barca de la Florida (18.000 euros en 2003). En total, más de 432.352 euros. La petición de información de la jueza responde de manera casi exacta a la denuncia del PP. Alaya también solicita los expedientes de las subvenciones a 18 empresas por una cuantía superior a los 15,6 millones de euros entre 2003 y 2010.

El PSOE de Sevilla expresó ayer su respeto absoluto a las decisiones judiciales.