Tan sólo diez días después de presentar su renuncia a ocupar el segundo puesto de la lista del Partido Popular al Consell de Menorca, la secretaria general de la formación en la isla, Antònia Gener, ha sido imputada en el caso Xoriguer. La causa investiga un presunto amaño de concursos a fin de beneficiar a determinadas empresas desde el Ayuntamiento de Ciutadella cuando en la pasada legislatura estaba gobernado por los conservadores.

La encausada deberá así rendir cuentas ante la jueza que instruye el proceso el próximo 5 de mayo, día en que ha sido citada a declarar junto a la concejala del Grupo Mixto Antònia Salord y otras cuatro imputadas. Así consta en el auto de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, Raquel Martínez, quien en la misma resolución ha acordado levantar el secreto que pesaba sobre estas actuaciones.

Hace diez días renunció a ir de número dos en las listas al Consell

Gener, número dos del PP de Menorca, alegó 'motivos personales' para no concurrir a los comicios del próximo 22 de mayo. Uno de los compromisos de los conservadores de Balears es el de no llevar a cargos imputados en sus listas.

La operación Xoriguer estalló a finales del pasado mes de marzo con el registro del Ayuntamiento menorquín por parte de la policía judicial de la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Todo a raíz de la querella interpuesta por Unió d'es Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) en contra del exalcalde de este municipio, Llorenç Brondo (PP), el exconcejal de Turismo Gabriel Cardona y el expresidente de un consorcio presuntamente implicado en estos hechos, Avel.lí Casanovas.

También declarará la concejal del Grupo Mixto Antònia Salord

Todos ellos fueron detenidos en la operación al estar supuestamente vinculados con la utilización de empresas fantasma con el objetivo de dar apariencia de legalidad a varios concursos de la fundación pública Ciutadella Turismo. Estos fueron presuntamente amañados con la connivencia de los concejales, por lo que los investigadores apuntan a que se habrían cometido presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.

En el caso del exalcalde, principal imputado de la causa, a cuyos miles de folios podrán acceder las defensas desde la próxima semana tras haber sido alzado su secreto, fue puesto en libertad con cargos tras ser interrogado por la jueza durante la madrugada del pasado 31 de marzo. Previamente había comparecido en dependencias del Instituto Armado tras su arresto, donde fue interrogado por los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán durante más de seis horas.

Por otro lado, la magistrada ha rechazado en el mismo auto imponer contra Gabriel Cardona la fianza civil de 354.327 euros que fue solicitada a principios de abril por el Ministerio Fiscal. No obstante, esta podría ser acordada 'cuando queden mejor concretados los indicios racionales de criminalidad' que pesan sobre el exconcejal así como el importe al que pueda ascender su responsabilidad pecuniaria, según la resolución.