El juicio político del año

La cuestión vasca vuelve a marcar la agenda de la política española. La última propuesta del lehendakari y la entrevista que Zapatero e Ibarretxe celebrarán el 20 de mayo acaparan el protagonismo. Y, el próximo miércoles, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) decidirá si acepta las recusaciones contra los tres magistrados designados para juzgar al lehendakari por un presunto delito cometido al reunirse con dirigentes de Batasuna. En el mismo proceso también están acusados los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares y cinco miembros de Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi.

El juicio contra Ibarretxe es mucho más que un juicio. No sólo porque será la primera vez en la historia que un lehendakari tendrá que sentarse en el banquillo, sino también por los efectos que puede tener tanto dentro del PNV como en el resultado de las elecciones autonómicas, en caso de que el juicio se celebre antes que los comicios.

Un miembro del Gobierno vasco lo explica así a Público: “Es evidente que la imagen de Ibarretxe en el banquillo obligará a un cierre de filas en el PNV, frenando cualquier maniobra para sustituirle como candidato a lehendakari. Y luego puede movilizar un voto de simpatía en las elecciones, porque la mayoría de los vascos no entiende que traten al lehendakari como si fuera un delincuente por hablar con Batasuna”.

"En caso de pleitos mejor llamarse Botín que Ibarretxe", ironizan en el PNV 

No es lo único difícil de comprender en este caso. En el terreno jurídico, existen otros dos elementos que al ciudadano medio le resultan como mínimo sorprendentes. Primero, que se juzgue a Ibarretxe a pesar de que el Tribunal Supremo decidió en su día archivar una querella presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias contra Zapatero y otros dirigentes socialistas por una reunión entre cargos del PSE y de Batasuna. La pregunta surge espontánea: ¿Cómo es posible que una reunión sea delito y la otra no?

Al profano en leyes también le resulta extraño que la doctrina que sirve para el banquero Emilio Botín no sea aplicable al lehendakari. El Tribunal Supremo dictaminó, en el llamado caso de las cesiones de crédito, que la acción popular no puede sostener en solitario la acusación penal en los procedimientos abreviados. Botín quedó así exculpado.

El Supremo aborta los juicios contra Ibarretxe, Atutxa y el policía Santano”, tituló su portada al día siguiente el diario El Mundo (4 de diciembre de 2007). Craso error. Cinco meses más tarde, el Supremo se reinterpretó a sí mismo y concluyó que sí se podía condenar al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa por no disolver en su día al grupo parlamentario Socialista Abertzaleak, a pesar de que la acusación la ejercía sólo la acción popular. Y lo mismo ocurre en el caso Ibarretxe, impulsado únicamente por las asociaciones Foro Ermua y Dignidad y Justicia, en contra del criterio del fiscal.

"Si tenemos en cuenta que el TSJPV se está saltando a la torera la doctrina establecida por el Supremo al archivar la querella contra Zapatero y que parece que a la hora de tener pleitos es mucho mejor llamarse Botín que Ibarretxe, resulta lógico que muchos vascos piensen que estamos ante un juicio político”, argumenta un dirigente del PNV.

Un proceso enmarañado

Político o no, el proceso sigue su curso. Y este miércoles se decidirá la composición de la sala enjuiciadora, cuyos tres miembros están recusados por las partes (ver apoyo). La decisión sobre las tres recusaciones la tomará la llamada Sala del 77 del TSJPV y de ella depende la fecha del juicio. Si se rechazan las tres recusaciones, el juicio podría celebrarse en junio o julio. Pero si alguno de los jueces es apartado del proceso, entonces la vista oral se retrasará como mínimo hasta el mes de octubre, porque
se podrían producir recusaciones contra los nuevos magistrados y éstos necesitarían tiempo para estudiar la causa.

Un proceso enmarañado, política y judicialmente, que en Moncloa siguen con atención. La pasada semana, sin ir más lejos, Zapatero solicitó a sus colaboradores un informe para conocer los últimos detalles del caso Ibarretxe. Sin duda, quiere tener los deberes hechos antes de la entrevista del día 20 con el lehendakari.