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La Junta eleva a 146 la cifra de falsos prejubilados

La mitad de los ERE investigados por la Consejería de Empleo (32 de 64) presentan irregularidades

RAÚL BOCANEGRA

La Consejería de Empleo andaluza elevó ayer hasta 146 la cifra de falsos prejubilados incluidos en expedientes de regulación de empleo financiados (ERE) por la Junta de Andalucía. El consejero Manuel Recio (PSOE) explicó en el Parlamento que la investigación interna sobre los expedientes vivos, los que aún está pagando la Administración, está ya prácticamente cerrada. Los funcionarios han comprobado 64 expedientes y han encontrado irregularidades en 32 de ellos, la mitad. Les quedan por rastrear otros cuatro expedientes y comprobar 290 nombres.

Aunque hasta ahora el Gobierno cifraba en 6.096 los extrabajadores que estaban cobrando prejubilaciones de la Junta, ayer rebajó la cifra hasta los 5.563. Recio explicó que a medida que avanzaba la investigación interna, se afinaban los datos.

Empleo ultima una reforma del sistema de reparto de ayudas para ERE

El consejero precisó que la casuística de las 146 irregularidades detectadas es amplia. Por un lado, están 59 falsos prejubilados en sentido estricto, personas que jamás habían trabajado en la empresa y aparecen acogidas al ERE. Por otro, están otras 87 personas que responden a tres tipos diferentes de irregularidades. Está quien fue contratado poco antes de que se presentara el ERE y cobra una póliza alta. Está quien trabajaba en una compañía del mismo grupo que la que tenía derecho al ERE y fue incluida en ese expediente. Y está también quien era trabajador de una empresa auxiliar que facturaba con la firma con derecho al ERE y también fue agregada.

Los falsos prejubilados fueron colocados entre 2001 y 2010, periodo que cubre la gestión de dos consejeros socialistas, José Antonio Viera (2000-2004), hoy senador y secretario general del PSOE de Sevilla, y Antonio Fernández (2004-2010), ahora presidente del consejo regulador de los vinos de Jerez.

Dos directores generales, Javier Guerrero (1999-2008) y Juan Márquez (2008-2010), gestionaron directamente las ayudas. El primero calificó el fondo de 647 millones que financiaba las prejubilaciones y ayudas sociolaborales como un "fondo de reptiles", aunque luego se retractó y lo llamó "fondo para apuros". Su suegra, Victorina M. P., es una de las falsas prejubiladas. El segundo iba a ser el candidato del PSOE para alcalde de Lucena del Puerto (2.659 habitantes, Huelva). Ayer, la secretaria de Organización del PSOE andaluz, Susana Díaz, manifestó que Márquez no estaba confirmado como alcaldable y agregó que, de momento, no tienen datos para decidir su expulsión del partido. Sin embargo, puntualizó: "A cualquier responsable político le vamos a aplicar el mismo código ético". Hasta el momento, el PSOE ha expulsado a Guerrero y a otros diez militantes socialistas.

Una comisión decidirá quién tiene derecho a las subvenciones

La Policía y la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso, no sólo investigan la inclusión de falsos prejubilados, sino también el procedimiento de reparto de los 647 millones, que tachan de "ilícito". Desde 1999, no se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ni una sola de las ayudas destinadas para ERE y tampoco las firmó el consejero, como exige la Ley de Hacienda Pública andaluza.

Sólo ahora la Junta ha decidido modificar ese sistema. Por el camino, el exconsejero Fernández desoyó cuatro informes (entre 2005 y 2008) de la Intervención de la Junta en los que se le advertía que se estaban concediendo las ayudas "con una falta total y absoluta del procedimiento establecido".

La reforma que ultima el consejero Recio con la patronal y los sindicatos garantizará que "el 100%" de las ayudas sean para los trabajadores", que se les dará publicidad y que se fiscalizarán con anterioridad a su entrega. Estas cuestiones no se cumplieron entre 2001 y 2010. El reparto fue opaco, se repartieron subvenciones a ayuntamientos socialistas y fundaciones públicas y los controles se llevaban a cabo a posteriori. Además, Empleo creará una comisión que decidirá quién merece ayudas para un ERE y quién no de acuerdo a criterios objetivos. Con ello, se quiere eliminar el margen para la arbitrariedad que existía hasta ahora.

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