La Junta paraliza la chatarra del New Flame

La Junta de Andalucía ha inmovilizado la chatarra procedente del New Flame que había pasado por la frontera de Gibraltar y que se encontraba en los depósitos de la empresa Reciclaje Campo de Gibraltar de Cádiz y su Bahía, en San Roque.

El objetivo es evitar su venta a otros lugares de Andalucía y del resto del país, algo que estaba ocurriendo con el conocimiento del Ministerio de Exteriores hasta la retención, la semana pasada en la aduana, de dos camiones de la citada firma que cruzaban la frontera con más hierros del buque hundido en el Estrecho desde el pasado agosto.

El Gobierno andaluz ha tomado esta decisión tras constatar que la empresa no cuenta con la preceptiva autorización de gestión de residuos urbanos que tiene que otorgar la consejería y, además, no se halla inscrita en el registro administrativo de pequeños productores de residuos peligrosos de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía.

Por ello, se están dando los pasos oportunos para la apertura de un expediente sancionador, así como para el traslado de la chatarra a un gestor autorizado por la Junta de Andalucía. Medio Ambiente ha confirmado que en el recinto sanroqueño existe parte de las 42.000 toneladas de chatarra que llevaba el carguero, aunque “muy poca cantidad”.

Los ecologistas no se fían

Verdemar Ecologistas en Acción ha señalado a través de un comunicado de prensa que no se fía de los análisis realizados por la Junta de Andalucía que garantizan que la chatarra del New Flame que ha salido de Gibraltar no es contaminante. “No sólo recelamos, sino que, además, exigimos a la Junta de Andalucía unos análisis fiables y, junto con el resto de los gobiernos, el control que no se ha producido hasta que nosotros denunciamos lo que estaba pasando en Gibraltar”, señalan los conservacionistas.

Verdemar Ecologistas en Acción ha tachado de “apagón informativo” el silencio anunciado por el Gobierno de Gibraltar a la hora de facilitar información sobre el New Flame y exige a la Junta de Andalucía y al Ejecutivo de Madrid que “no sean cómplices de la actitud que ha tomado el primer ministro de Gibraltar, Peter Caruana”.