Justicia descarta cambiar el Código Penal por el nuevo límite

El nuevo límite de 110 kilómetros por hora en autopistas y autovías que hoy entra en vigor obliga a reformar el Código de Circulación, pero no implica ninguna reforma en el Código Penal, según aseguraron fuentes del Ministerio de Justicia a este diario. No obstante, si hasta ahora se castigaba con cárcel sólo a aquellos conductores que eran detectados a más de 200 km/h por autopista o autovía por superar el límite establecido en 80 kilómetros, ahora los que superen los 191 km/h también podrán ser sancionados con penas de tres a seis meses de prisión o multas que oscilan entre los 360 y los 144.000 euros.

Aunque el Ministerio de Justicia no precisó si la Fiscalía de Seguridad Vial aplicará la ley de igual modo a un conductor que se pase de 191 km/h que a otro que supere los 200, fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) sí señalaron que el Ministerio Público "dará instrucciones concretas para los nuevos casos de delito", que, añaden, "no son muy habituales". De hecho, de los 747 presos cuya pena principal era un delito contra la seguridad vial que había a finales de febrero en las cárceles españolas (excluídas las de Catalunya, cuya gestión está transferida a la Generalitat), sólo 28 fueron detenidos por superar el límite de velocidad, según datos de Instituciones Penitenciarias.

La Fiscalía "dará instrucciones concretas" para las nuevas infracciones

Del mismo modo que las sanciones penales, el sistema de retirada de puntos del carnet de conducir tampoco sufrirá modificaciones. El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, insistió el viernes en que la medida, al ser "transitoria y excepcional", no afectará al carnet por puntos, pero sí a las sanciones económicas: conducir de 111 a 121 km/h en autopistas y autovías estará penalizado con una sanción de cien euros. Con la nueva medida aprobada por el Consejo de Ministros, la multa por circular entre 141 y 150 km/h,hasta hoy de cien euros, se multiplica por tres. El resto de sanciones sufre un incremento de cien euros cada una.

La DGT no cree que el nuevo límite se traduzca en más multas por exceso de velocidad. Sin embargo, Automovilistas Europeos Asociados sostiene que las denuncias crecerán en un 40%. Las multas por exceso de velocidad representan entre el 25 y el 30% de las sanciones que impone la DGT.

Sólo 28 de los 747 presos por delitos de tráfico lo son por exceso de velocidad

Esta no es la única crítica que ha recibido el nuevo límite de velocidad. Asociaciones de conductores y fabricantes de coches sostienen que con la medida se conseguirá poco. El Reial Automòvil Club de Catalunya (RACC) asegura que "en el mejor de los escenarios" (que cada coche reduzca el gasto entre el 10% y el 15%, como calcula el Gobierno), la medida sólo permitirá reducir un 2% del consumo de combustible. Eso supondrá, según el RACC, "un ahorro máximo de entre 200 y 300 millones de euros al año" que no compensa los costes que provocará la medida.

De momento, el único coste que se puede cuantificar es el de las más de 6.000 señales repartidas por 2.500 kilómetros de autopistas de peaje y 8.700 de autovía que amanecieron esta mañana estampadas con el nuevo límite de velocidad. Industria ha cifrado el gasto en 250.000 euros.

La medida, destinada a reducir el elevado grado de dependencia energética de España, también ha sufrido críticas por ser demasiado laxa. Asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, grupos ecologistas y sindicatos reclaman al Gobierno que el nuevo límite de velocidad no sea un "cambio transitorio, sino una medida estructural" e, incluso, con rango de ley.

El nuevo límite cambia la cuantía de las multas, pero no el sistema de puntos

Aunque los expertos aseguran que la siniestralidad no se reducirá de manera importante porque, como explicó el director de Tráfico, Pere Navarro, no es el objetivo de la medida, el ahorro energético y la reducción de CO2 que conlleva rebajar la velocidad máxima tiene un antecedente en Barcelona. El límite de 80 km/hen las vías de acceso a la ciudad, implantado en 2008 por el Tripartito y suprimido en más de la mitad de tramos por el nuevo ejecutivo de CiU, supuso un "ahorro de 24.000 toneladas anuales de combustible", según la Conselleria de Medio Ambiente. La Generalitat calculó también que la medida redujo en 450 toneladas anuales las emisiones.