Cada vez más, la huelga de los funcionarios de Justicia afecta al día a día de los ciudadanos. Además de bloquear multitud de procesos e instrucciones, los juzgados de violencia de género empiezan a resentirse tras casi sesenta días de paros. Así lo denunció ayer el presidente de las Asociación Española de Abogados de Familia, Isidro Niñerola, a Servimedia.

El letrado destacó la gravedad de la situación en unos órganos de Justicia 'donde, precisamente, al ciudadano se le debe atender con un alto grado de rapidez'.

El colapso provocado por los paros se extiende además a los expedientes de separaciones, divorcios, liquidación de bienes y guardia y custodia derivados de los casos de violencia doméstica.

Niñerola lamentó que el legislador y los partidos políticos no se dieron cuenta del alcance de incluir en los juzgados de violencia doméstica la responsabilidad de hacerles tramitar también, como jurisdicción civil, los trámites de separación, divorcio u otras situaciones derivadas de las denuncias por maltrato.

Por ello, este abogado de familia pidió al Gobierno una reforma legislativa 'para sacar de los juzgados de violencia doméstica toda esa jurisdicción civil, porque eso es lo que está creando un colapso importantísimo y perjudicando a la sociedad hasta unos extremos insospechados'.

La decimosegunda reunión

Hoy, Ministerio y sindicatos vivirán un nuevo episodio en las negociaciones a primera hora de la tarde. Será la duodécima reunión desde que el 4 de febrero los funcionarios decidieran ir a la huelga para igualar sus sueldos con los de sus compañeros que trabajan en comunidades con las competencias transferidas. El viernes, tras trece horas de negociación, administración y funcionarios dieron un nuevo 'no' a sus respectivas propuestas.

El Ministerio de Justicia mantiene que el desacuerdo se debió a la ausencia de nuevas soluciones por parte de los sindicatos, quienes, según la administración, se anclaron en una única idea: El incremento de los 200 euros mensuales que reclaman desde el comienzo del conflicto.
Por su parte, el departamento de Mariano Fernández Bermejo mantiene que ha presentado ya 'al menos seis' propuestas y todas se rechazaron. La última, el viernes, contemplaba una subida salarial de 110 euros al mes y 70 euros adicionales que los funcionarios comenzarían a percibir en abril de 2009.

Sin embargo, el mayor escollo parece ser aún la recuperación de trabajo pendiente. Los sindicatos quieren que se realice dentro del horario de la jornada laboral y se cobre como horas extras. El Ministerio no parece dispuesto a ceder.