El propietario de la empresa Kontrol 34, Carlos Manzanares Rodríguez, se ha desvinculado hoy ante el juez de las labores de seguridad en la fiesta de Halloween en el recinto del Madrid Arena, en la que murieron cuatro jóvenes. Y el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López Palop, que investiga el caso, le ha dejado en libertad sin cargos a pesar de que en la documentación aportada por la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos figura como responsable del control de los accesos y la seguridad en el interior del recinto.

Tras declarar como imputado durante casi dos horas Manzanares Rodríguez ha eludido a los medios de comunicación entrando y saliendo de la sede de los juzgados con unas gafas y un casco para evitar ser reconocido. A la salida de los juzgados, su abogado, Óskar Zein, ha subrayado que la empresa responsable de la seguridad dentro y fuera del recinto es Seguriber, contratada por la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos.

Zein ha explicado que Kontrol 34 ofreció a la empresa organizadora del evento, Diviertt, un listado de personas a las que se les exigía el carné de controlador de acceso, y, a partir de ese momento, Diviertt las contrató para que desarrollaran la función de auxiliares. El carné de controlador de acceso garantiza a Diviertt que esas personas son mayores de 18 años, carecen de antecedentes penales, han superado unos exámenes psicotécnicos y tienen conocimientos en leyes, según el abogado.

Con esta titulación, Diviertt confirma que estas personas tienen un mínimo de experiencia para desarrollar la función de auxiliar, pero no asumen la función de controlador porque la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, que alquiló el recinto a Diviertt, impuso que la seguridad en el recinto la llevara a cabo la empresa de vigilantes de seguridad Seguriber. 'Cuando existe una empresa como Seguriber la competencia en materia de seguridad queda asumida absolutamente e íntegramente en la empresa de vigilantes de seguridad, sin que le corresponda ninguna otra función a ninguna otra persona en materia de seguridad', ha resaltado Zein.

Del listado ofrecido por Kontrol 34, Diviertt contrató 63 personas para distintos puestos en labor de auxiliares, en enfermería, barras, taquillas, camerinos y en la zona de acceso. En la zona de acceso, ha precisado el letrado, hay un control de seguridad que realiza Seguriber, pidiendo DNI, cacheando y vigilando que no son menores de edad, en labores propias de vigilantes de seguridad, mientras que hay personal de Diviertt que manipula las entradas, verifica que no son falsas, utiliza un lector láser, las retiran y las cortan y que en ningún caso pertenece a la lista ofrecida por Kontrol 34.

Una vez que Seguriber había hecho el control de seguridad, los auxiliares procedentes del listado aportado por Kontrol 34 que estaban en la zona de acceso coordinaban y organizaban la entrada de los jóvenes a la fiesta, ha detallado. El personal ofrecido por Kontrol 34 y contratado por Diviertt como auxiliares no estaba ni en los vomitorios, ni en pasillos, ni en túneles, no controla el aforo y no revisa mochilas porque todas estas funciones son propias de seguridad, ha indicado.

Si embargo, el Ayuntamiento de Madrid sostiene que Kontrol 34 era la encargada del control tanto de los accesos al recinto como del interior del mismo. Aquella trágica noche ninguno de los 74 encargados de vigilar el transcurso de la fiesta fue dado de alta esa noche y tan sólo cobraron seis euros por hora. Además, Kontrol 34 está integrada por ultras neonazis. Entre ellos destaca su administrador único, Juan Carlos García Perdiguero, histórico cabecilla del grupo ultra Frente Atlético.

García Perdiguero cuenta con un historial con numerosos antecedentes policiales por agresiones, enfrentamientos con otros ultras, incluso, lesiones a un agente. Incluso, el propio Carlos Manzanares Rodríguez también es un conocido de los Cuerpos de Seguridad por su relación con la banda de Cásper, Ángel Suárez Flores, y en el mundo ultra bajo el apodo que compartía con su hermano, Manza.

Por su parte, Felipe Moreno, el abogado de la familia de una de las jóvenes fallecidas, Rocío Oña, ha indicado esta mañana que Diviertt comunicó al Ayuntamiento de Madrid y a la Delegación del Gobierno que Kontrol 34 se iba a encargar de la seguridad en el interior del recinto, aunque su propietario lo ha negado hoy ante el juez. Abdón Núñez, el letrado de la familia de otra de las jóvenes fallecidas, Belén Langdon, ha distinguido entre las funciones de seguridad, que asumió Seguriber, del control de acceso, del que según Miguel Ángel Flores se ocupó el personal que le había facilitado Kontrol 34 y que consistió en pedir el DNI y evitar que se superara el aforo.

Los letrados de las acusaciones particulares pedirán una ampliación de las imputaciones, que tienen pendientes de concretar, aunque no han descartado las de representantes de Madrid Espacios y Congresos, y del ayuntamiento, como el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva, el delegado de Seguridad y el jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo. Entre las próximas diligencias, pasado mañana está previsto un recuento de las entradas en la Brigada de Homicidios y el 11 de diciembre la declaración ante el juez del representante de Seguriber.

Por su parte, el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, se manifestado partidario de 'ir paso a paso y no precipitarse' a la hora de imputar a más personas en el caso Madrid Arena, entre otros motivos 'por el concepto tan peyorativo que la ciudadanía tiene' sobre el término imputado. Moix, que ha asistido a una simulación de un caso de violencia de género en la Academia de Policía de Madrid, se ha referido de este modo a la petición de Manos Limpias para que sean imputados en el caso el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, y el jefe de la Policía Municipal de la capital, Emilio Monteagudo.

El fiscal superior ha recordado que en este caso están imputados ya el responsable de la empresa organizadora de la fiesta, Diviertt, y de las empresas Seguriber y Kontrol 34. Ha sostenido que a la vista de estas declaraciones, de la documentación y de los informes policiales 'se valorará si las imputaciones que se han solicitado a la fiscalía parecen correctas o si se solicita alguna otra imputación a otras personas'.